El PSOE pide un "trato fiscal justo" para los 10.000 emigrantes retornados onubenses
El Parlamento de Andalucía respalda la iniciativa socialista sobre la fiscalidad de los emigrantes retornados.
El PSOE de Huelva ha pedido al Gobierno central que “establezca un trato fiscal justo para los emigrantes retornados, un colectivo que en la provincia afecta a unas 10.000 personas, y que les devuelva de oficio el dinero injustamente cobrado, después de que el PP diera marcha atrás y reconociera que se equivocó al tratarlos como defraudadores, imponiéndoles sanciones y multas”. De esta manera, la parlamentaria andaluza Antonia Moro exigió al Ejecutivo de Rajoy que “repare el daño moral y económico que ha causado a estos onubenses al querer recaudarles cantidades extraordinarias que ha ocasionado graves consecuencias, especialmente, a los pensionistas”.
Por ello, los socialistas han trasladado al pleno del Parlamento de Andalucía las reivindicaciones de estos ciudadanos para que el Gobierno lleve a cabo la devolución de las multas y recargos cobrados injustamente. En esta línea, el Grupo Parlamentario pidió al Gobierno central, mediante una Proposición No de Ley (PNL) que se establezca una solución definitiva para este colectivo que ha contado con el respaldo de PSOE e IU pero no del Partido Popular.
A juicio de Antonia Moro, “se ha cometido una grave injusticia” por esta manera de proceder del Gobierno central. Por esta razón, exigieron hace meses al Ejecutivo central que para la regularización de las rentas no declaradas por pensiones del extranjero, se les diera a los afectados un período de seis meses a partir del 1 de enero de 2015 para presentar sus autoliquidaciones. Asimismo, la dirigente socialista pidió que se haga de oficio por parte de la Agencia Tributaria, “que deberá remitirles los borradores de las declaraciones y que se dé a los emigrantes todas las facilidades de pago con fraccionamientos sin devengo de intereses, ni intereses de demora, ni sanciones”.
Por último, Antonia Moro recordó que estas personas no declaraban sus pensiones en España debido a que desde la Agencia Tributaria siempre les habían dicho que no era necesario hacerlo. Pero, en marzo de 2013 se produjo un cambio de criterio y Hacienda empezó a obligarles a tributar con carácter retroactivo esas pensiones, “lo que les generaban unas multas e intereses que llegaban a incrementar la cantidad a abonar en más de un 25 por ciento, sanciones que se extendieron incluso a los familiares de los emigrantes fallecidos”.
