Casi un millar de vecinos y vecinas han firmado ya contra la privatización del agua en San Juan
La coalición promueve una asamblea ciudadana abierta para mostrar la oposición vecinal a la gestión privada del servicio de abastecimiento de agua que gestiona la empresa Aqualia desde hace un año.
El coordinador local de Izquierda Unida, Manuel Jiménez, asegura que si Izquierda Unida forma parte del Gobierno local impulsará un referéndum para que los vecinos decidan qué tipo de gestión del agua quieren. “El alcalde, Juan Carlos Duarte ha hipotecado al pueblo durante un cuarto de siglo, con tal de asegurarse la Alcaldía”, advierte la Asamblea Local de Izquierda Unida.
Izquierda Unida de San Juan del Puerto promueve una asamblea ciudadana abierta para mostrar la oposición vecinal a la gestión privada del servicio de abastecimiento de agua que gestiona la empresa Aqualia desde hace un año. Hasta el momento han recogido cerca de un millar de firmas en el municipio de ciudadanos y ciudadanas contrarias a la decisión del alcalde, Juan Carlos Duarte (PP), de entregar a Aqualia la gestión del agua por 25 años. La Asamblea se celebrará en la primera quincena de diciembre.
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Manuel Jiménez, considera que el alcalde del Partido Popular ha consentido hipotecar al pueblo durante un cuarto de siglo con tal de asegurarse fondos para preparar las elecciones municipales del próximo año y conservar la Alcaldía.
En total, Aqualia pagará al Ayuntamiento de San Juan del Puerto 5 millones de euros por los 25 años de duración del contrato de gestión del agua y ya ha adelantado dos millones, un dinero, resaltó Manuel Jiménez que ha comenzado a gastar el alcalde del PP en obras que poco o nada tienen que ver con la mejora del abastecimiento o la garantía de prestación del servicio.
El coordinador local de Izquierda Unida, Manuel Jiménez, advierte que la privatización del servicio está teniendo consecuencias nefastas para los sanjuaneros y sanjuaneras. Y, a su juicio, esto no ha hecho más que empezar porque en el contrato el Ayuntamiento de San Juan se obliga a velar por la estabilidad de una empresa privada como es Aqualia en lugar de beneficiar a los ciudadanos. “Si Aqualia no obtiene los beneficios esperados, el Ayuntamiento tiene la obligación de compensarle económicamente, bien abonando directamente una cantidad indemnizatoria o subiendo las tasas”.
En contraposición a este comportamiento mercantilista, el portavoz de Izquierda Unida en San Juan subraya que “si la gestión del agua fuese pública, a ningún vecino de San Juan se le cortaría el agua, porque se podría aplicar el fraccionamiento de la deuda o una moratoria”.
Manuel Jiménez asegura que si los ciudadanos dan a Izquierda Unida responsabilidades de gobierno en San Juan del Puerto planteará un referéndum entre los vecinos y vecinas para que éstos decidan qué gestión del agua quieren.