lunes. 24.06.2024
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Vuelve la tensión a las calles de Costa de la Luz por la proliferación de 'gorrillas' y grupos amenazantes

Vecinos y comerciantes de la avenida Costa de la Luz y calle Punta Umbría vuelven a salir a la calle para demandar más seguridad en el barrio y la eliminación de los numerosos gorri­llas que han tomados sus calles
Protesta vecinal
Protesta vecinal
Vuelve la tensión a las calles de Costa de la Luz por la proliferación de 'gorrillas' y grupos amenazantes

Los vecinos y comerciantes de la avenida Costa de la Luz y calle Punta Umbría vuelven a salir a la calle para demandar más seguridad en el barrio y la eliminación de los numerosos gorri­llas que han tomados sus calles y que acosan e intimidan a vecinos y visitantes al barrio.

Con esta acción se inicia un calendario de movilizaciones semanales que fue aprobado por una asamblea vecinal celebrada recientemente ante la situación de inseguridad que vienen padeciendo el barrio con la presencia continua de gorrillas, que últimamente se ha visto incrementada por la ‘toma’ de sus calles de un nutrido grupo de jóvenes, y señalan a marroquíes, que en algunas ocasiones han llegado a contar hasta 13, que coaccionan e intimidan a los vecinos del barrio y protagonizando continuas peleas entre ellos. Asimismo, están cansados de los continuos robos y ataques a sus vehículos, así como el robo en establecimientos. 

Ante la desidia de las autoridades, denuncian, que no resuelven la grave problemática que se viene viviendo han tomado la decisión de emprender acciones y volverse a manifestar por sus calles como tuvieron que hacer hasta conseguir echar a los okupas de un local donde se vendía drogas y se ejercía la prostitución.

Tampoco entienden que el Ayuntamiento de Huelva apruebe una normativa y luego no la ponga en práctica  como es la ordenanza vigente ante la presencia de gorrillas (‘vigilantes’) en la vía pública que fue publicada en el Boletín Oficial de Huelva del 1 de diciembre de 2010 que dice: “queda prohibido el desarrollo de actividad de vigilancia por persona no autorizada expresamente, no estando obligados los usuarios al pago ni retribución alguna del mismo, cuya exacción, si se produce, podrá ser denunciada a los miembros de la Policía Local.

La primera denuncia tendrá el carácter de leve y se abrirá expediente sancionador y multa de 30,05 euros. Las siguientes serán consideradas graves y se abrirá expediente sancionador y se impondrá multa por valor de 91,05 euros. A la persona no autorizada legalmente se le ordenará que no continúe la labor ilegal. En el caso de continuar su labor ilegal, podrá ser denunciado ante la jurisdicción penal por infringir el precepto del artículo 634 del vigente Código Penal”.

Asimismo, exigen al equipo de gobierno municipal que se ponga a trabajar de una vez por todas y arregle el caos circulatorio y establezca nuevas bolsas de aparcamientos decentes y que tenga en cuenta la opinión de los vecinos con el futuro de la parcela anexa al centro hospitalario que hoy transmite una imagen tercermundista de nuestra ciudad.  

Gea, junto a los vecinos ayer tarde
Gea, junto a los vecinos ayer tarde

Pablo Gea, candidato a la Alcaldía por Despertar Social, ha acompañado a los vecinos de El Molino en Huelva en su manifestación contra el grave problema generado por los gorrillas y los ocupas ilegales de viviendas.

La ampliación del Hospital Quirón amenaza con aumentar más si cabe la mala situación, ha señalad el candidato.

Desde Despertar Social nos hacemos eco de las necesidades que nos trasladan los vecinos, y exigimos al Ayuntamiento de Gabriel Cruz una mayor inversión en Policía Local, el establecimiento de patrullas a pie y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Si los vecinos tienen que abonar la Zona Azul, ¿por qué están obligados a someterse al chantaje de quienes desarrollan una actividad ilegal por la que no tributan nada? Amenazas y coacciones en toda regla.

Estas necesidades ponen de manifiesto la necesidad no sólo de dotar de mayores medios a la Policía Local para atajar estos problemas, sino de impulsar la voluntad política de hacer cumplir las ordenanzas municipales y de dotar de las competencias necesarias a los cuerpos policiales para cumplir esta función.

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