SOS Bebés Robados Huelva acude al Parlamento Europeo el próximo jueves
La asociación S.O.S. Bebés Robados Huelva ha sido invitada públicamente a la reunión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que tendrá lugar el día 22 de noviembre en Bruselas. Su presidenta, Esperanza Ornedo, ha explicado a Diariodehuelva.es que el propósito del debate abierto en el seno del Parlamento Europeo es el de hacer un seguimiento de la visita de investigación a Madrid el día 22 y 23 de mayo de 2017, por lo que "mi intervención incluirá principalmente mi exposición sobre el seguimiento dado a las recomendaciones elaboradas por la Comisión".
Tras el informe enviado al Estado Español desde el Parlamento Europeo, "sólo podemos decir que después de varias reclamaciones, no hubo respuesta alguna por parte de éste. Han dejado claro que han optado por obviar la gravedad y la importancia del problema".
Esperanza Ornedo ha señalado que en su intervención en Bruselas expondrá "todo lo relacionado con el pleno celebrado por la Audiencia Provincial de Huelva en mayo de este mismo año, la resolución de la audiencia y el voto particular del magistrado José María Méndez Burguillo, que será entregado en mano a los eurodiputados". También expondrá la presentación del recurso de casación al Tribunal Supremo. Todo ello en relación a dos de las 31 recomendaciones expuestas en el informe y que refleja el problema existente con la prescripción de los delitos.
Para Ornedo, "resulta vergonzoso que tengamos que buscar ayuda fuera de España. Y que desde Europa, de alguna forma, tengan que venir a poner orden, porque desde aquí, el estado español, no ha sido capaz de reconocer que se llevaron a cabo delitos muy graves que son imprescriptibles y permanentes en el tiempo".
Por ello, la presidenta de la asociación onubense de bebés robados ha indicado que "ha significado para mi una gran satisfacción y alegría haber recibido invitación por parte de la Comisión de Peticiones, pues de alguna forma significa un reconocimiento a nuestro trabajo" y les lleva a pensar que "no estamos solos en la lucha", y que desde Bruselas, "están pendientes de cómo responde el estado español sobre este gravísimo problema que afecta a tantas familias en el país".
La Comisión de Peticiones presentó una serie de recomendaciones a las autoridades nacionales responsables entre las que destacaba la creación de una fiscalía especial para hacer frente a todos los casos de supuestos robo y adopción ilegal de recién nacidos; que la Fiscalía General del Estado actuara de oficio en estos casos, a fin de evitar que la carga del proceso judicial recaiga sobre las víctimas; señala que el Estado español está obligado a cumplir plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; considera, por lo tanto, que el Estado español debe garantizar, en el caso de los niños robados, un enfoque institucional y la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la total coherencia del marco jurídico nacional con las obligaciones derivadas del Derecho internacional.
El Parlamento Europeo también recomienda que se desarrolle un banco nacional de ADN, público y específico, accesible especialmente para estos casos, con objeto de permitir el cruce de información sobre las víctimas para ayudarlas a encontrar a sus verdaderas familias; pide que se garantice la gratuidad de las pruebas de ADN, también a través del Instituto nacional de Toxicología, para todos los supuestos casos de bebés robados denunciados, sin necesidad de requerimiento judicial o fiscal y con la participación y/o supervisión de técnicos representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas.
Asimismo, también recomienda tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la identificación de los recién nacidos y el establecimiento sin ningún género de dudas de la filiación materna, a través de la realización de las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias y lamenta los "pocos avances" en la implementación por parte del Gobierno español de las recomendaciones recogidas en el Informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2014, y pide al Gobierno español que aplique con urgencia las recomendaciones, en particular, la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
