viernes. 19.04.2024
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Satse-Huelva cree discriminatorio el seguimiento de la jornada impuesto por la Junta a los sanitarios

El Sindicato de Enfermería entiende que al personal sanitario se le está obligando de facto a cumplir una jornada laboral efectiva de 37,5 horas
Satse-Huelva cree discriminatorio el seguimiento de la jornada impuesto por la Junta a los sanitarios

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Huelva ha calificado de discriminatorias las medidas de seguimiento del cumplimiento de la jornada laboral impuestas por la Junta de Andalucía para el personal al servicio de la Sanidad Pública, alrededor de 6.000 profesionales en nuestra provincia, mucho más exigentes que para el resto de los empleado públicos andaluces.

El Sindicato de Enfermería se refiere así al documento publicado Junta de Andalucía que desarrolla el acuerdo que establece la jornada laboral ordinaria de 37,5 horas semanales, con 35 presenciales que serán completadas con media hora diaria de formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo, fórmula adoptada por el Gobierno andaluz para aplicar la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de anulación de la jornada de 35 horas en la comunidad.

Según dicho acuerdo, las 35 horas semanales de promedio en cómputo anual serán de obligada permanencia en el puesto de trabajo y las 2,5 restantes, hasta completar las 37,5, se dedicarán a la preparación, organización de tareas, consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral, además de a la formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional, teniendo la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general.

Sin embargo, las medidas de seguimiento varían mucho en función del sector de la Función Pública a la que se aplique, siendo el personal de la Sanidad pública el principal afectado. Así en Educación no se le imponen mediadas especiales y al personal de la Administración General le computarán, por ejemplo, todas aquellas actividades que el trabajador, mediante declaración responsable visada por su superior, declare haber realizado fuera del horario laboral relacionadas con su puesto de trabajo.

Por el contrario, tras analizar el documento, Satse entiende que al personal sanitario se le está obligando de facto a cumplir una jornada laboral efectiva de 37,5 horas, incluyendo en las horas “no presenciales” procesos como el de acreditación de competencias, de tremenda complejidad, o un catálogo muy limitado de formación impuesto directamente por la Administración.

Negociar en Mesa Sectorial

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería lamenta que, una vez más, un acuerdo de la Mesa General de Negociación, con el beneplácito de los sindicatos de clase (CSIF, CCOO y UGT) que se integran en ella, vengan a imponer unas medidas discriminatorias y abusivas contra el personal de la Sanidad pública.

Por eso, Satse va a solicitar a la Consejera de Salud, Marina Álvarez, que se acabe con esta discriminación negociando en el ámbito de Sanidad un acuerdo para que sean efectivas las 35 horas, en lugar de las 37,5 horas, con medidas análogas al resto de sectores. Dicha negociación, puntualiza la organización sindical, debe llevarse a cabo en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, donde es Satse es el sindicato mayoritario, único órgano donde están los legítimos representantes de los trabajadores de la Sanidad.

Satse explica que desde que se impusiera la jornada de 37,5 horas en 2012, viene reclamando que el incremento de jornada se realizara computando el derecho de todos los profesionales a disponer de horas de formación continua, docencia e investigación dentro de la jornada anual.

Sin embargo, la fórmula adoptada, por el agravio que supone con el resto de la función pública, es intolerable y el Sindicato de Enfermería se cuestiona si este “compromiso” de la Administración con la formación y el desarrollo profesional incluido en la jornada laboral se mantendría si finalmente se recupera a nivel nacional la jornada laboral de 35 horas semanales.

Finaliza Satse asegurando que no va a consentir que se siga castigando a los profesionales sanitarios andaluces y que es un buen momento para sacar a la Sanidad Pública de la confrontación política.