El Ayuntamiento recuerda que la ley antitransfuguismo impide ventajas a concejales no adscritos tras la salida de Albillo del PSOE
Felipe Arias asegura que un edil que abandona su grupo “no puede ser portavoz ni beneficiarse económicamente” de esa situación
El primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha recordado que el reglamento orgánico municipal aplica la normativa contra el transfuguismo, lo que impide que un concejal que abandone su grupo político pueda beneficiarse de esa situación o integrarse en otra formación.
Las declaraciones se producen después de que el concejal socialista José Luis Albillo haya abandonado el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva y haya pasado a ser concejal no adscrito. Tras comunicar su decisión de dejar la disciplina del grupo, la dirección socialista le solicitó que entregara su acta de concejal, algo que Albillo rechazó. Ante esta negativa, el grupo municipal acordó por unanimidad su expulsión del partido aplicando sus estatutos internos.
En este contexto, Arias ha señalado que la normativa vigente impide que esta situación derive en casos de transfuguismo como ocurría en el pasado. “En este ayuntamiento se aplica la ley antitránsfuga, por lo que el transfuguismo ya no es viable ni es posible”, afirmó.
El portavoz del equipo de Gobierno explicó que un concejal que abandona su grupo pasa automáticamente a ser no adscrito, lo que limita sus funciones dentro de la corporación. “No puede ser portavoz ni cobrar como portavoz. Cobra exactamente igual que antes, por asistencia a pleno”, indicó.
Arias subrayó que la normativa busca evitar que un concejal pueda obtener beneficios políticos o económicos tras abandonar el grupo con el que concurrió a las elecciones. “El reglamento y la ley evitan precisamente que un concejal que abandone su grupo político se beneficie económicamente de esa situación”, señaló.
Asimismo, recordó que situaciones similares ya se han producido en anteriores mandatos y que siempre se ha aplicado el mismo criterio en base a la normativa vigente en los ayuntamientos españoles.