Salud rehúye un encuentro para abordar la creciente problemática de agresiones a sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Huelva, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, como parte integrante de la Junta de Personal, se ha concentrado hoy en el centro de salud de Almonte para denunciar una nueva agresión a una trabajadora.

Según ha podido saber CSIF, la agresión tuvo lugar cuando la trabajadora se encontraba desempeñando sus labores en el centro de salud.

Un usuario, que había acudido al centro, comenzó a proferir insultos contra la trabajadora, llegando incluso a propinarle un golpe.

Desde CSIF queremos recordar que la violencia en el ámbito laboral es “inaceptable y no puede tolerarse bajo ningún concepto. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a desempeñar sus labores en un entorno seguro y libre de violencia y agresiones”.

Para ello, CSIF insiste en la necesidad de que haya vigilante de seguridad en los centros, por lo que exige al SAS que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de los centros de salud.

Asimismo, el sindicato quiere hacer público que lleva meses esperando una reunión con la delegada de Salud, Manuela María Caro López, para tratar este asunto de las agresiones y otros asuntos relevantes en materia de Sanidad sin obtener respuesta.

César Cercadillo, responsable del sector de Sanidad de CSIF Huelva, lamenta las 1.494 agresiones a profesionales del SAS registradas en 2022 y ha tachado esta cifra de “escalofriante”, al tiempo que ha exigido “que no se pueden normalizar bajo ningún concepto este tipo de conductas que desgraciadamente sufren los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública”.

En este sentido, “volvemos a la casilla de salida, a una cifra similar a la que teníamos en 2019 (1.524), con lo que una vez más ponemos el grito en el cielo porque además hay muchas agresiones todos los días que no se comunican al centro por la normalización de dichas conductas”, ha argumentado.

El responsable sindical ha destacado especialmente que el 36,4% de las agresiones a profesionales del SAS durante 2022, es decir, un total de 544, han tenido que ver con demandas de la personas usuaria, como por ejemplo demandar atención fuera de cita programada, demandar atención para un familiar o exigir un tratamiento distinto del prescrito por el facultativo.

En esta línea, “desde CSIF Sanidad entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo, pero nunca la violencia”, ha subrayado Cercadillo, quien ha insistido en la petición previa a la pandemia del sindicato --y de la que aún se ha recibido contestación por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta-- para incluir un régimen sancionador en la Ley de Salud Pública de Andalucía. “Entendemos que la Administración debe incoar un expediente administrativo e imponer sanciones administrativas adecuadas”, ha señalado.

CSIF recuerda además que “la Administración Pública tiene el deber básico de proteger el interés público o general y de esta obligación nace ineludiblemente su potestad sancionadora”.

Cercadillo ha recordado que “la Ley de Salud de Andalucía ordena los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pública y privada en Andalucía, articula el respeto y el cumplimiento de los derechos y obligaciones respecto a los servicios sanitarios y también recoge este régimen sancionador, que pedimos se desarrolle”.

“Las agresiones físicas y psíquicas que sufrimos diariamente todos los empleados y empleadas públicas, hace necesario una adecuación urgente que actúe como medida disuasoria frente a conductas reprobables e intolerables. Nada justifica el uso de la violencia hacia un profesional de la sanidad”, concluye el responsable del sector de Sanidad de CSIF en Huelva.

Por último, desde CSIF queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad a la trabajadora agredida, así como a sus compañeros y compañeras de trabajo. Desde nuestro sindicato seguiremos trabajando para garantizar que los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública puedan desempeñar sus labores en un entorno seguro y sin violencia.