Piden cinco años y medio de cárcel para el ex alcalde de Aljaraque por delito de Hacienda
La denuncia del promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso ha dado sus frutos con el escrito del fiscal, que también pide ocho años de cárcel para Casto Pino, ex concejal de Urbanismo.
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La Fiscalía de Huelva ha pedido en su escrito de calificación cinco años y medio de prisión para el ex alcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP), tres años y medio de ellos por un delito contra la Hacienda Pública y otros dos por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, todo ello a raíz de la denuncia interpuesta en 2007 por el promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso. Además, solicita una multa por ambos delitos de más de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
A su vez, también imputa al que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, como autor del delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, y a A.G.V., economista de profesión y socio del exprimer edil de una empresa, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.
Para el exconcejal, la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión por los tres delitos y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para el exalcalde, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.
Para A.G.V., las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal son las mismas que para el ex alcalde, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía pide que Castro Pino indemnice al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF del año 2003 y 2005, que asciende a 512.506 euros; el exalcalde con 146.101,60 euros, que es la totalidad de la deuda por lo defraudado en 2004 y el acusado A.G.V., con 180.826 euros, que es la deuda contraída en este mismo periodo.
La causa comienza a investigarse a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por un empresario y exmilitante del PP en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.
Cabe recordar que por estos hechos, tanto el concejal como el exalcalde fueron detenidos en abril de 2008 quedando en libertad con cargos posteriormente.
El promotor inmobiliario y ex militante del PP Rafael Barroso presentó en mayo de 2007 una denuncia en el juzgado en la que acusaba al entonces primer edil de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en sus 12 años como alcalde mediante el cobro de comisiones ilegales en la tramitación de licencias de obras en las urbanizaciones, situación que hacía extensible a su concejal de Urbanismo, Casto Pino.
Esta situación provocó que Orta, que había anunciado en diciembre de 2006 que no volvería a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2007 para revalidar su cargo, presentase días después, en mayo de 2007, una querella criminal contra Barroso por los presuntos delitos de calumnias, injurias y denuncias falsas, por las que solicitaba al denunciado una indemnización de 300.000 euros.
