Más de un centenar de profesionales median en Huelva en divorcios y otros conflictos familiares
El objetivo es resolver los conflictos de forma dialogada y sin necesidad de judicializar el proceso.
El Registro de Mediación Familiar gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, cuenta en la provincia de Huelva con un total de 121 profesionales inscritos para la prevención y solución de conflictos en esta área. De ellos, 39 son trabajadores sociales, a los que se suman psicólogos, licenciados en Derecho, educadores sociales, psicopedagogos y pedagogos.
El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha explicado el funcionamiento del registro andaluz durante el acto de inauguración de la I Jornada de Mediación organizada por el Colegio de Trabajo Social de Huelva con motivo del día europeo de esta práctica profesional, que se encuentra enfocada a la resolución de conflictos en distintos ámbitos de una forma positiva y dialogada y sin necesidad de judicializar el proceso.
En su intervención, López ha puesto de manifiesto la trayectoria de la Junta en materia de mediación familiar, que desde 2013 se ha visto “reforzada” con la puesta en marcha del registro autonómico, “un servicio que facilita a la ciudadanía la gestión de conflictos no violentos que se produzcan en el ámbito familiar o intergeneracional, propiciando que las partes lleguen a acuerdos estables que eviten, o al menos minimicen, las consecuencias negativas para adultos, menores y personas más vulnerables”.
En marco de sus políticas preventivas, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales promovió las órdenes que regulan la formación específica de las personas mediadoras, las tarifas aplicables en los supuestos de mediación gratuita y el sistema de turnos, así como los modelos de solicitud relacionados con la inscripción en el registro, la designación de persona mediadora y de mediación gratuita. En este sentido, el servicio incorpora un sistema de turnos con vistas a atender aquellos casos que cumplan los requisitos establecidos para beneficiarse de la gratuidad en la prestación o cuando las partes en conflicto no se pongan de acuerdo en la elección de la persona mediadora.
Pueden acogerse voluntariamente a un proceso de mediación familiar las partes en conflicto que sean personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo conyugal pero con hijos e hijas comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, el procedimiento está también abierto a personas adoptadas o acogidas y a sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, así como a aquellas personas que ejercen la tutela sobre menores o sobre personas en situación de dependencia.
Entre los conflictos que pueden ser objeto de mediación familiar figuran los relativos a los procedimientos de nulidad matrimonial, separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y nietas con sus abuelos y abuelas; cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, personas tutoras o guardadoras; y ejercicio de la patria potestad o tutela.
La mediación familiar queda expresamente excluida en situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos e hijas o cualquier otro miembro de la familia.
La profesionalización y consolidación de la figura del mediador familiar a través de una formación homogénea y adecuada para el desempeño de sus funciones es otro de los objetivos de este nuevo sistema. A la vez que las actuaciones de mediación familiar se desarrollen con plenas garantías, no sólo para las personas usuarias de la mediación, sino también para los profesionales que ofrecen este servicio público de la Junta.
Los ciudadanos que precisen hacer uso de este recurso pueden informarse en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, accediendo al apartado 'Infancia y Familias' (www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas.html). O acudir directamente al servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la delegación territorial del ramo, que es su responsable en la provincia.
