Los panaderos de Huelva, en pie de guerra contra la competencia desleal
El sector advierte de que denunciará a las administraciones competentes que no actúen contra los fabricantes y vendedores clandestinos.
La Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes y Expendedores de Pan, integrada en la FOE, ha anunciado que actuará "con contundencia y sin ningún tipo de miramiento" contra aquellas administraciones que ante casos documentados y fehacientes relacionados con la competencia desleal no actúen consecuentemente.
“Seremos implacables ante la desidia administrativa”. Así de contundentes se manifestaban desde la Asociación de Empresarios Fabricantes y Expendedores de Pan, uno de los sectores que viene sufriendo "con mayor virulencia" la competencia desleal por parte de aquellos que de manera "absolutamente clandestina" elaboran, distribuyen y venden pan sin ningún tipo de control sanitario y licencia que les habilite para dicha práctica.
Las pérdidas que esas practicas ilegales supone para las panaderías legalmente establecidas son "incalculables", llegando incluso al cierre de muchos negocios por ese motivo, de ahí la "actitud permanentemente policial" del sector que, "paradójicamente", es el que detecta actuaciones que pasan desapercibidas para las administraciones competentes, que "sólo se preocupan en inspeccionar a los que precisamente cumplen con sus obligaciones laborales, fiscales, sanitarias, entre otras", según la propia organización empresarial.
Así las cosas, y ante "esta desidia, la inoperancia y la falta de actuación administrativa" ante las "numerosas" denuncias que desde esta Asociación Provincial perteneciente a la FOE se vienen interponiendo, el sector ha anunciado que "se va a vigilar muy de cerca los casos denunciados y se exigirá hacer recaer el peso de la ley, ya que de lo contrario se procederá, sin ningún tipo de contemplaciones, a denunciar a aquellas instituciones y a sus representantes que no cumplan tampoco con su metido, llevándolas hasta los tribunales si fuera incluso necesario”. Y es que, desde el sector, no se entiende que en primer lugar la Administración no actúe de oficio ante estos "manifiestos incumplimientos de todo tipo de norma", así como que una vez puesto en conocimiento de ésta los mismos "no se haga absolutamente nada".
