Los más necesitados tienen garantizado el agua
Giahsa no cortará el agua a las personas en situaciones de exclusión social extrema ni procesos de desahucios. La Mancomunidad de Servicios refuerza su compromiso social con nuevas bonificaciones para los usuarios.
La sesión plenaria de MAS ha encomendado a la dirección de Giahsa el desarrollo inmediato de una norma de actuación que garantizará que nadie pueda ser privado de un bien tan esencial como el agua, ni siquiera en las situaciones más adversas. Para ello, los alcaldes han decidido que, en el contexto actual de crisis, “Giahsa no cortará el suministro a ninguna vivienda cuyos habitantes están en situación extrema de exclusión social ni en procesos de desahucio hipotecario”. Estas situaciones deberán ser avaladas mediante informe de los servicios sociales de cada ayuntamiento, y no supondrán la condonación de la deuda impagada, que será aplazada para cuando la situación de necesidad desaparezca.
Además de esta medida, se amplía la que ya se puso en vigor para acompañar el cambio tarifario implantado en noviembre, de manera que los ayuntamientos podrán bonificar una parte del recibo, entre el 60% y el 100% del incremento. Al mismo tiempo, se reducen significativamente los precios de conexión o acometidas. Es la segunda vez en los últimos meses que se aprueba una bajada de precios de este calibre, de manera que si en octubre un usuario medio tenía que abonar 993 euros al contratar el servicio de aguas, esta cantidad será de 496 a partir de la entrada en vigor de las nuevas tarifas. Entre las nuevas bonificaciones destaca también la que hace referencia a la dispersión geográfica y que establece un descuento del 20% en la factura de aquellos usuarios censados en núcleos de población menores de 500 habitantes y que, en general, cuentan con unas infraestructuras menos modernas.
En paralelo a estas medidas de carácter social, Giahsa tiene previsto intensificar durante el año próximo la lucha contra el fraude en colaboración con los ayuntamientos. De esta forma, se pretende una mayor eficacia a la hora de detectar enganches y consumos ilegales de agua para que este tipo de conductas no revierta negativamente sobre la economía de la empresa y, por lo tanto, sobre el resto de los ciudadanos.
Además, desde la empresa pública se hará hincapié en las medidas ya existentes, como las ventajas económicas que supone para los usuarios comunicar el número de personas que habitan en su vivienda o el amplio catálogo de bonificaciones sociales, que contempla descuentos de hasta el 25 por ciento para pensionistas, personas dependientes, hogares con rentas bajas y familias con todos sus miembros en paro.
