Los hijos de la crisis continúan perdiendo sus hogares, crecen los desalojos un 31%
No hay paz para los hijos de la crisis. Pese al parón que se produjo desde 2013 en cuanto a ejecuciones hipotecarias y desahucios debido a la doctrina de los Tribunales Europeos y a una nueva y forzada apuesto por el diálogo con las entidades bancarias, lo cierto es que los datos estadísticos no acompañan y durante los primeros nueve meses del año los desalojos en la provincia de Huelva dictados por los tribunales (ya sea en forma de alzamiento hipotecario o de desahucio) no han parado de crecer. En esos primeros 9 meses las cifras acumuladas se sitúan en un 31,5% más que en los desalojos ocasionados durante el mismo periodo del año 2016.
Las datos en frío, extraídos de la estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no ponen rostro a las 551 familias que han perdido su hogar durante estos meses en la provincia de Huelva, pero en sus casos, la supuesta recuperación económica no ha servido para poder permanecer con la dignidad amparada en la Constitución Española.
En estos nueve meses el número de lanzamientos (resolución judicial que se da por ejecución hipoteria que se dicta tras tres meses sin pagar la hipoteca) se ha situado en 403 por 286 del mismo periodo de 2016 (Del 1 de enero al 31 de septiembre). Este es el número que más ha crecido durante estos 9 meses con un 40,90% de incremento respecto a 2016.
El número de desahucios (los correspondientes al impago de un alquiler) también se han visto incrementados pero de una forma más moderada, un 11,27%. En total se han visto abocados a esta circunstancia un total de 148 familias durante estos tres trimestres.
Según la PAH, el crecimiento del número de desahucios que se está obervando a nivel nacional se da como consecuencia de la indefensión que sufren los inquilinos como consecuencia de las reformas de la LAU, (Ley de Arrendamiento Urbano), la burbuja que están generando en los precios del alquiler el cambio a usos turísticos de viviendas que antes eran residenciales, y los bajos salarios que impiden cada vez más el acceso a una vivienda digna.
Según ha señalado el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Javier Arellano, "Se observa un relativo descenso de las ejecuciones hipotecarias como consecuencia de las sucesivas moratorias desde 2.013 por situaciones de extrema vulnerabilidad social, y coincidente ( dicha disminución) tanto con el descenso de su número a nivel del Estado como con que los bancos cada vez más tratan de evitar ejecuciones hipotecarias debido a las trabas que se les va imponiendo por los juzgados".
Sin embargo, Arellano advierte de la paradoja de que, "igual que en las estadísticas anteriores, nos encontramos con un número lanzamientos significativamente superiores al 2.016".
Desde la PAH consideran que, el Derecho Fundamental de acceso a una vivienda digna en nuestro país, sólo será posible mediante la aprobación y aplicación íntegra de la Ley de Vivienda de la PAH, que esperan registrar en el Congreso el próximo 10 de enero, y anuncian que continuarán con las movilizaciones necesarias en ese ámbito hasta su aprobación.
