Lentitud, extravío de documentos y caos con las nuevas tecnologías en la Justicia onubense
CCOO denuncia la fallida implantación del Lexnet en el sector en Huelva, la falta de medios tecnológicos y la imposibilidad de cumplir el plazo de aplicación
El sindicato CCOO de Huelva (Sector de Justicia) ha recordado que a partir del 1 de enero de 2016 los profesionales de la Justicia (procuradores, abogados, graduados sociales y profesionales de los servicios jurídicos de las administraciones públicas) y todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales están obligados a emplear los sistemas telemáticos existentes para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación (citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos).
No obstante, ha denunciado el sindicato, la implantación de Lexnet en Huelva ha generado "multitud de incidencias" tanto en las oficinas judiciales como a los profesionales, que se traducen en "lentitud, falta de capacidad, extravío de documentos". Así, este sistema "no existe en Fiscalía, ni en los Juzgados de Paz, y esta situación provocó que el Decanato de Huelva sufriera gravísimos retrasos durante meses".
Por otra parte, asegura CCOO, "no se han atendido las necesidades de incrementos de plantilla, ni se han llevado a cabo planes de formación específicos y generales de las nuevas funciones de los trabajadores derivadas de los nuevos sistemas de trabajo". Además, "tampoco los medios tecnológicos de que disponen los órganos judiciales en la provincia parecen suficientes para realizar una tramitación totalmente electrónica".
A partir del 7 de julio de 2016 todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales como establece la disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia.
El problema del "doble soporte"
En Huelva, dice tajante el sindicato, esta tramitación electrónica "será imposible en la Fiscalía y los Juzgados de Paz en los que ni siquiera se ha implantado el Lexnet". Además, en la mayoría de juzgados lo que llega por vía telemática o se tramita telemáticamente, se imprime, y lo que llega en papel no se digitaliza por lo que es generalizado el “doble soporte” en los procedimientos.
La actual situación, con la entrada en vigor del expediente digital, supone un "incumplimiento grave de la ley por parte del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias al no haber dotado de los medios suficientes para cumplir los plazos legales de implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia", critican desde CCOO.
El sindicato ha reivindicado la modernización de la justicia y la implantación de las nuevas tecnologías, pero exige "que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores, con dotación presupuestaria expresa para medios personales y materiales y con formación profesional exhaustiva al personal usuario de los nuevos sistemas de trabajo".
Moratoria
Con todo, CCOO ha solicitado la moratoria en los plazos de implantación junto con asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscal General del Estado, colegios de abogados y procuradores, otros operadores jurídicos, gobiernos autonómicos con competencias, etcétera.
El sindicato también ha pedido También hemos solicitado la convocatoria de las mesas de negociación en el Ministerio de Justicia y, en su caso, en las comunidades autónomas con competencias para evaluar y negociar las necesidades de incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y generales, de las nuevas funciones de los trabajadores derivadas de los "nuevos sistemas de trabajo y su correspondiente retribución, y de los riesgos de salud laboral que pueden provocar estas modificaciones en las condiciones de trabajo".
