La Junta impone una cuota de 30 euros para la formación de sus empleados
La medida es rechazada por los trabajadores, que consideran que las acciones formativas deben correr a cargo del empleador.
La Junta de Andalucía ha impuesto una cuota de 30 euros en concepto de matrícula para sus trabajadores que quieran formarse en materia de idiomas, lo que ha generado el malestar de los empleados públicos, que consideran que la formación, al ser necesaria para el desempeño de sus funciones, tiene que correr a cargo del empleador y no del trabajador.
Así lo han puesto de manifiesto desde el sindicato SPJ-USO, que han cargado contra el Gobierno andaluz por lo que consideran la aplicación de un “injusto copago en formación”, al tiempo que han reclamado a la Junta la “inmediata eliminación” de esta medida, establecida en las convocatorias para los cursos de inglés y francés de 2016 publicadas en el BOJA el pasado 28 de enero.
Las mismas fuentes han asegurado que el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) justifica la creación de este “copago” en que la Administración General ya venía solicitando el abono de estas cantidades y en que el pago de la cuota “fideliza a los solicitantes a la realización de los cursos, pues en ediciones anteriores se han dado numerosos casos de que una vez asignado el curso, el adjudicatario no lo finaliza, lo cual supone un gasto para la Administración”, añaden.
Sin embargo, SPJ-USO considera “sorprendente” y no comparte “en absoluto” esta explicación, pues considera que “el copago servirá para que más de un interesado deje de solicitar estas acciones formativas, pues desde 2010 hasta la fecha los empleados públicos hemos perdido más de un 20 por ciento de capacidad adquisitiva y en no pocos hogares el único sueldo que entra es el nuestro”.
Tras criticar que la Administración andaluza aplique un copago en formación después de criticar los copagos que se introdujeron por el Gobierno Central en otros ámbitos, desde SPJ-USO se centran en la situación propia de los empleados de Justicia a los que representa. “No olvidemos que el conocimiento de idiomas es algo cada vez más demandado por los ciudadanos que acuden a la Justicia, máxime en una comunidad autónoma como Andalucía, donde el turismo es una realidad creciente”, aseguran, por lo que consideran que “en ningún caso es el trabajador el que debe sufragar los gastos de formación, en este caso necesaria para todos los puestos que tienen atención a la ciudadanía, que en Justicia son la inmensa mayoría”, concluyen.
