La fiscalía admite la denuncia presentada por CCOO contra el Puerto

La denuncia se refiere a la empresa Sandetel que ha prestado servicios al puerto, aún cuando la Autoridad Portuaria fue advertida de que no podía llevar a cabo esta contratación.

Los máximos representantes del Sector del Mar de CCOO a nivel estatal, José Pérez como su secretario general, y Antonio Escobar, secretario de Organización, han explicado que “la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia criminal presentada contra la Autoridad Portuaria de Huelva en las personas de su actual presidenta y el director, dando traslado al juzgado número 5 a la denuncia y a los más de 25 documentos probatorios que ha presentado el sindicato”.
Para los representantes sindicales, esta decisión de la Fiscalía demuestra que “la denuncia que hemos presentado tiene una fuerte solidez”, a la vez que han anunciado que “CCOO continuará con la causa y se presentará como acusación particular para que se diriman sin que quede ningún género de duda, las responsabilidades penales que emanan de las acciones incluidas en la denuncia, y que incluyen la supuesta comisión por parte de los máximos representantes de la Autoridad Portuaria de Huelva, de hasta 7 delitos, especialmente graves los referidos a delitos medioambientales, prevaricación, malversación y contra el derecho de los trabajadores”.
En este sentido, recordamos que según recoge la denuncia presentada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva “supuestamente ha cometido delito de prevaricación en tanto que, en su condición de autoridad-funcionaria pública, ha dictado a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria de fecha 17-07-2013 según la cual se adjudicó a Sandetel los trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la APH con un presupuesto de inversión de 1.134.237,85 euros” aún cuando “el Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) a través de informe jurídico de Puertos del Estado, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación”.
Mas allá “la Presidenta se ha saltado a sabiendas las instrucciones de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de contratos del sector público y la orden ministerial del Ministerio de Fomento 4003/2008 de 22 de julio al no haber presentado informe justificativo de la necesidad; ni mesa de contratación; ni licitadores; ni pliegos; ni procedimientos de adjudicación, etc… todo ello con el supuesto objetivo de entregarle a SANDETEL todo el negocio informático”.
Por otro lado, el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado igualmente “la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000”.
En este caso, se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como “un delito de fraude de subvenciones en tanto que la Presidencia de la APH obtuvo una subvención a través de los fondos FEDER comunitarios de más de 120.000 euros supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos, ya que no sólo ocultó las evaluaciones de la RED NATURA 2000 y de Impacto Ambiental sino que, para cubrir formalmente la exigencia del Estudio de Impacto Ambiental supuestamente incluyó fraudulentamente en el expediente dos escritos antiguos del Ministerio de Medio Ambiente de fecha 19 de diciembre de 2007 y del 8 de enero de 2009, emitidos respecto a la primera fase de ampliación Sur del mismo muelle, pero que carecían de validez con respecto a la segunda fase, y todo ello, supuestamente porque se le cumplía el plazo para cobrar los fondos FEDER de esta segunda fase (Programa 2008-2013)”.