El juez admite a trámite una demanda contra las torres de Punta y el Ayuntamiento está "tranquilo"

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Huelva con fecha 20 de julio de 2018 ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, contra el Decreto de alcaldía por el que se adjudicaba el Proyecto urbanístico en las parcelas de los antiguos depósitos a la empresa Ria Umbría Towers S.L., ordenando además requerir al ayuntamiento el expediente administrativo de la venta.
La adjudicataria fue la única oferta presentada, a la cual la alcaldesa le ha aceptado una variante sobre el proyecto licitado, consistente en construir 2 torres de 19 plantas, en lugar de las 4 torres de 11 plantas inicialmente ofertadas, aumentando además el número de viviendas de 172 a 196, 24 viviendas más de las ofertadas. El proyecto se ejecutará en las parcelas de los antiguos depósitos de agua y del aparcamiento situado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida Ciudad de Huelva.
Según Hernández Cansino, “el proyecto es ilegal, pues vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”, sin embargo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha reiterado la legalidad de la adjudicación del proyecto de la Avenida Ciudad de Huelva y ha mostrado su "tranquilidad" puesto que estima que la admisión a trámite "no significa que se suspenda ni se paralice el proyecto".
Así lo ha aseverado la concejala delegada de Urbanismo del Ayuntamiento puntaumbrieño, Bárbara Carrasco, quién cree que “esa es la manera habitual de actuar de Hernández Cansino, utilizar maniobras político-judiciales que después quedarán en nada y que sólo buscan evitar el progreso de Punta Umbría y ensuciar el nombre del pueblo”. Carrasco ha indicado que, “como siempre, Cansino está en contra de la creación de 500 puestos de trabajo en Punta Umbría e intenta paralizar la mejora de toda la ciudad”.
El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva se extiende por una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados de los que, únicamente, una sexta parte está destinada a viviendas y comercial.
Por su parte el portavoz de UPU ha aclarado que el propio arquitecto municipal ha informado de que la propuesta realizada por la adjudicataria “supone anular la permeabilidad visual” y “también supone un apantallamiento respecto a la zona de ciudad jardín colindante, extremo que no se considera aceptable”. “Y el artículo el artículo 17.7 de la misma LOUA dispone que en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación” ha recordado Hernández.