Herido grave un preso en aislamiento tras provocar un incendio en su celda
El sábado 30 de abril un interno clasificado en artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario (que refiere a internos extremadamente peligrosos que participan en alteraciones regimentales muy graves que ponen en peligro la vida o integridad de funcionarios, otros internos, etc.) incendió la celda que ocupaba en el módulo de Aislamiento, usando para la combustión el colchón ignífugo de su celda y la ropa que tenía a su disposición.
Al saltar la alarma contraincendios, los funcionarios del área de vigilancia actuaron de manera impecable, rápida y profesional, poniendo en riesgo su propia integridad física a pesar de usar los equipos de respiración autónoma y todos los medios de extinción disponibles para sofocar el fuego. Consiguieron extinguir el incendio y sacar al interno de su celda, pero en tal estado de salud crítica por la inhalación de humo y las quemaduras sufridas que no apenas tenía constantes vitales, siendo trasladado a toda urgencia para su atención por los servicios sanitarios del centro penitenciario, que lograron salvar su vida. Ya una vez estabilizado se solicitó la atención del 061 que lo trasladó en estado muy grave al hospital Juan Ramón Jiménez bajo la vigilancia de la Policía Nacional. Posteriormente, de madrugada fue devuelto al centro penitenciario, quedando bajo la supervisión de los servicios médicos al faltar plazas para ubicarlo de nuevo en aislamiento.
El incendio provocado generó tal cantidad de humo que fue necesario desalojar en tiempo récord y con el máximo de seguridad a los cuatro internos, también clasificados como extremadamente peligrosos, que se encontraban en la misma galería para evitar la intoxicación por la inhalación de humo.
En los últimos años se ha convertido en habitual la extinción y salvamento de internos en varios incendios intencionados, localizado la mayoría de ellos, en el módulo de aislamiento, donde se ubican los internos más peligrosos del centro penitenciario, que son incapaces de vivir en régimen ordinario en los módulos comunes, y han de vivir en la cárcel de la cárcel con las máximas medidas de seguridad de todo el centro.
Pero los funcionarios de prisiones apenas contamos con formación para la extinción de incendios. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se olvidan de dar una formación universal y anual en materia de contraincendios. Como mucho se consigue de forma extraoficial, por la mediación de los mandos del centro, que un grupo muy reducido y al margen de la formación oficial de Instituciones Penitenciarias hagan un pequeño reciclaje impartido por el cuerpo de bomberos de Huelva. Es obvio que es necesario que toda la plantilla del Centro Penitenciario de Huelva sea formada en esta materia de forma constante. Porque la realidad es que los funcionarios de prisiones no somos bomberos, y nos estamos enfrentando a situaciones que, literalmente, nos estamos jugando la vida. Por ello la administración penitenciaria debe aportar soluciones más eficaces, por un lado que hagan reducir este tipo de incidentes y por otro no exponga de esta manera la vida de trabajadores.
Por otra parte, el incremento de personas que ingresan en prisión con graves problemas psiquiátricos va en aumento. Prácticamente el 30 por ciento de la población reclusa tiene problemas mentales. Tal es el caso que ingresan en centros penitenciarios, personas que han sido condenadas con medidas de seguridad no privativas de libertad porque no existe sitio donde internarlas. Ante este panorama, la administración penitenciaria no reduce el déficit de facultativos en todo los centros penitenciarios, y en concreto, en el centro penitenciario de Huelva donde después de estos años siguen sin realizarse consultas médicas por la falta de facultativos. Y, por tanto, no se puede hacer un seguimiento adecuado del estado sanitario de la población reclusa, ni mucho menos de internos con estas graves patologías.
Si hubiera en seguimiento médico en condiciones se reduciría el riesgo que se produjera este tipo de situaciones. Esta circunstancias que estamos describiendo son una muestra de la dejadez de la administración penitenciaria que se preocupa más de actividades o actos para vender a la opinión pública que resolver los graves problemas que venimos denunciando desde hace tanto tiempo. Y es que l@s trabajador@s penitenciari@s no desarrollamos el mismo trabajo que cualquier funcionario de la Administración General del Estado y necesitamos por tanto una regulación específica de nuestras duras condiciones laborales y nos proteja tanto físicamente como jurídicamente ante estas situaciones.
Desde Acaip Huelva, finalmente, queremos ensalzar la encomiable labor que realizan los funcionarios y las funcionarias de prisiones, y en particular en nuestro centro, para salvaguardar la vida de los internos y las internas que están bajo nuestra tutela, aunque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está dilatando indefinidamente unas negociaciones para establecer a sus trabajadores un incremento salarial digno (al igual que Policía Nacional y Guardia Civil), el aumento de plantillas para paliar el elevado déficit de funcionarios de prisiones en toda España, el reconocimiento legal de la condición de agente de la autoridad, una formación adecuada, etc.
