Huelva pone en marcha una oficina municipal de asesoramiento frente a la ocupación ilegal
El nuevo servicio ofrece orientación jurídica gratuita a propietarios y comunidades afectadas, con atención presencial, telefónica y online
El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en funcionamiento este jueves la oficina municipal de asistencia antiocupa, un nuevo servicio público y gratuito destinado a ofrecer orientación y asesoramiento jurídico inmediato a personas afectadas por la ocupación ilegal de inmuebles en la ciudad. La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva y nace con el objetivo de facilitar una respuesta rápida, clara y eficaz ante este tipo de situaciones.
La oficina atenderá, en principio, todos los jueves en horario de mañana y tarde, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, mediante cita previa. Las consultas podrán realizarse de forma presencial, telefónica o telemática, permitiendo a los afectados conocer sus derechos, las primeras actuaciones legales a emprender y las vías civiles o penales disponibles en cada caso concreto.
El servicio está dirigido a propietarios de viviendas, locales u otros inmuebles ocupados ilegalmente, así como a comunidades de vecinos y ciudadanos que necesiten información jurídica básica para afrontar un posible caso de ocupación. La atención incluye una orientación inicial personalizada y, cuando sea necesario, la derivación a otros recursos municipales como los Servicios Sociales o la Policía Local.
Además de la atención directa, el Ayuntamiento prevé que esta oficina se convierta en una herramienta de análisis y prevención. De forma trimestral se elaborarán informes sobre la incidencia real de la ocupación en la ciudad, su tipología y distribución por barrios, con el fin de impulsar actuaciones coordinadas desde distintas áreas municipales. A ello se sumará la edición de una guía informativa básica y la organización de jornadas divulgativas para la ciudadanía.
Con esta medida, el Consistorio busca ofrecer un apoyo institucional integral, reforzar la seguridad y la convivencia en los barrios y garantizar que cualquier vecino pueda acceder a una orientación jurídica de calidad ante una situación de ocupación, especialmente en casos de mayor vulnerabilidad.
