Huelva impulsa la figura del experto facilitador para garantizar la igualdad en los procesos judiciales

La Delegación Territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva, junto con Plena Inclusión Andalucía, está impulsando la consolidación de la figura del experto facilitador, un profesional destinado a garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos judiciales para personas con discapacidad.

La delegada territorial, Carmen Céspedes, se reunió recientemente con letrados de la Administración de Justicia y representantes de Plena Inclusión Andalucía para profundizar en el trabajo que realizan estos expertos facilitadores. Durante la jornada participaron también dos personas con discapacidad, quienes compartieron su experiencia en la Administración de Justicia y subrayaron la importancia de contar con apoyos que les permitan comprender y comunicarse en igualdad de condiciones.

Este proyecto piloto, iniciado en abril de 2025 en las ocho provincias andaluzas, se fundamenta en la Ley 8/2021, que reforma la normativa civil y procesal para garantizar ajustes y apoyos durante todas las fases del proceso judicial. La ley reconoce explícitamente el derecho de las personas con discapacidad a contar con un profesional que facilite la comprensión y la comunicación, así como la posibilidad de estar acompañadas por una persona de elección desde el primer contacto con las autoridades.

Los expertos facilitadores cumplen funciones clave: informan al órgano judicial sobre los apoyos necesarios, acompañan a la persona cuando se requiere y actúan como puente para eliminar barreras de comprensión o comunicación. Para su designación, los órganos judiciales deben solicitarlo a la Delegación Territorial, que remite la petición a la entidad adjudicataria encargada del servicio.

Con esta iniciativa, la Consejería de Justicia refuerza su compromiso con una justicia inclusiva, asegurando que las personas con discapacidad no solo puedan acceder al sistema judicial, sino que participen de manera efectiva, ejerciendo sus derechos en igualdad de condiciones y con el acompañamiento adecuado para garantizar su plena comprensión y participación.