jueves. 26.06.2025
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Gibraleón estudia abandonar la gestión privada del agua

La alcaldesa atribuye su decisión a los "incumplimientos" por parte de la empresa y al "descontento" de la población por cortes en el suministro a familias que no pueden pagar
Gibraleón estudia abandonar la gestión privada del agua

La alcaldesa atribuye su decisión a los "incumplimientos" por parte de la empresa y al "descontento" de la población por cortes en el suministro a familias que no pueden pagar

La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha pedido a los servicios técnicos del Ayuntamiento que estudien las posibilidades de abandonar la actual gestión privada del agua, concedida a la empresa Aqualia por vía de emergencia en 2013 por el anterior equipo de gobierno. "Los reiterados incumplimentos de los compromisos económicos y el descontento palpable de la ciudadanía olontense hacia el servicio que vienen recibiendo son las principales razones de esta decisión", según explican desde el propio Consistorio.

Tras un año de gobierno de los socialistas en Gibraleón, el desencuentro con la empresa que actualmente gestiona el servicio de aguas es “total”, en palabras de la alcaldesa. “Son muchas las quejas que nos transmiten los vecinos de nuestro pueblo”, ha señalado Lourdes Martín, para quien esta situación proviene de la falta de compromiso de Aqualia tanto con el Ayuntamiento de Gibraleón como sus ciudadanos.

Desde el Consistorio señalan que una de las principales quejas proviene de la falta de sensibilidad, ya que "se están realizando cortes del suministro a muchos vecinos que no pueden pagar el agua, con muy pocas opciones para que puedan fraccionar los pagos". Asimismo, indican que estos cortes no se produjeron durante todo el año anterior a las elecciones municipales y que ahora se llevan a cabo "de forma masiva e indiscriminada, sin tener en cuenta la situación socioeconómica en la que se encuentran muchas familias, que se ven privadas de un bien tan básico como el agua".

Además, en el Ayuntamiento se han multiplicado las denuncias por la tardanza "excesiva" en la reparación de averías por parte de Aqualia. "La falta de una respuesta rápida y eficaz obedece a la limitación de medios técnicos y humanos que la empresa dedica al servicio en Gibraleón, lo que, unido a otras muchas incidencias, arroja unas carencias y una falta de calidad que el Ayuntamiento no está dispuesto a consentir", señalan.

Más de 400.000 euros de deuda

Si el Ayuntamiento ve "preocupante" el descontento entre la población con la calidad de servicio, considera que "no es menos grave" el grado de incumplimiento del contrato, sobre todo en lo que se refiere a las contraprestaciones que Aqualia está obligada a abonar al Ayuntamiento. En estos momentos, son ya más de 426.000 euros los que la empresa adeuda a las arcas municipales, según los datos facilitados por el Consistorio.

Según las cláusulas del contrato, firmado el 22 de noviembre de 2013 por el anterior alcalde del Partido Popular, José Ramón Gómez Cueli, la empresa le debe al Ayuntamiento 45.320 euros en concepto del 1,5% de lo facturado, 313.662 de canon anual de explotación y 27.580 por el alquiler del local municipal donde se encuentra la oficina de Aqualia. A ello se une "otro incumplimiento contractual más": el de invertir 40.000euros cada año en el mantenimiento y mejora de las redes e instalaciones del municipio.

Pese a que el Ayuntamiento ha requerido en reiteradas ocasiones a Aqualia mediante las correspondientes liquidaciones para que abone las cantidades adeudadas, la respuesta de la empresa privada siempre ha sido presentar recursos administrativos para eludir el pago. "De esta forma, la falta de acuerdo entre la institución y la empresa responsable de un servicio tan importante como el agua es insostenible”, señalan.

Junto a estas deudas reseñadas, el Ayuntamiento debe hacer frente además a otros problemas económicos derivados de la privatización del agua. El principal de ellos es la indemnización de 4,5 millones de euros que la Mancomunidad de Servicios (MAS) reclama al municipio olontense, de los que el TSJA ha dictado ya una sentencia que, aunque concede la suspensión cautelar de una parte de esa cuantía, obliga al Ayuntamiento a pagar ya 1,2 millones de euros por haber abandonado "a las bravas y sin ningún tipo de negociación" la Mancomunidad y su empresa pública Giahsa.