Giahsa tiende la mano al Ayuntamiento de Gibraleón para buscar soluciones tras la “salida unilateral”
La empresa pública de MAS acoge con "moderada satisfacción" el auto judicial que la faculta a cobrar 1,2 millones de euros al Consistorio como indemnización.
La empresa pública de gestión de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, Giahsa, ha acogido con "moderada satisfacción" el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que la habilita para ejercer ya el derecho de cobro sobre una indemnización de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Gibraleón por su salida unilateral del servicio.
Desde la "prudencia", Giahsa estudia el auto y las posibilidades de recurrirlo, puesto que una parte importante de la indemnización, cuyo montante global es de 4,5 millones de euros, ha quedado acogida a suspensión cautelar. No obstante, tanto la Mancomunidad como su empresa pública tienden la mano al Ayuntamiento para buscar soluciones que sean satisfactorias y viables.
El auto judicial , ha destacado la empresa pública, supone un "espaldarazo parcial" a los posicionamientos de Giahsa, que viene defendiendo en los tribunales que los procesos de abandono de la Mancomunidad llevados a cabo por distintos ayuntamientos ocasionan un "daño inmediato y muy importante a la propia empresa pública y a los intereses de los ciudadanos de los 65 municipios que permanecen en la Mancomunidad (MAS)". "La estrategia dilatoria de los ayuntamientos salientes, que confiaban el éxito del proceso a posponer el pago de las indemnizaciones varios años hasta que los tribunales dictaminaran sobre el fondo del litigio, ha quedado desmontada por este auto", han señalado desde Giahsa.
En esta nueva situación, Giahsa anuncia que, tanto en el caso de Gibraleón como en el del resto de municipios "vamos a defender que se repare el daño que se nos ha causado y que, actualmente está recayendo en buena parte sobre las espaldas de nuestros vecinos". No obstante, la empresa pública, entiende que, "ante el cambio de escenario político en Gibraleón y tras el dictamen judicial, este debe ser momento de buscar el diálogo, pues ni los ciudadanos olontenses ni los de los municipios de MAS merecen que nuestras instituciones merecen que nuestras instituciones no encuentren otra vía distinta al conflicto judicial".
