El Servicio Andaluz de Salud no podrá aplicar las 37,5 horas semanales
La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia declara incompetente al SAS para aplicar esta jornada por no haber acuerdo sindical.
La postura de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, contra la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales de los profesionales sanitarios se ha visto refrendada por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara incompetente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para implantar esta medida sin el pertinente acuerdo sindical.
En la sentencia del TSJA del pasado 3 de junio, contra la que no cabe recurso, se explica que precisamente al no haber consenso con los sindicatos el competente para aplicar esta jornada es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y no el Servicio Andaluz de Salud.
En este sentido, CSIF recuerda que la falta de acuerdo en la Mesa Sectorial de Sanidad, el foro de negociación para abordar los temas del ámbito sanitario andaluz, viene provocada por la negativa de este sindicato a aceptar la propuesta de 37,5 horas semanales que ofertaba la Administración. La postura de la Central Sindical fue la que desencadenó que, finalmente, el resto de organizaciones tampoco se sumaran a la oferta.
CSIF viene manifestando, desde que el SAS comenzó a aplicar esta jornada, su desacuerdo con la forma en la que se estaba llevando a cabo ya que no había existido acuerdo sindical. El TSJA le ha dado ahora la razón y anula la medida ante lo cual ha asegurado que “éstas son las consecuencias de la actitud del Servicio Andaluz de Salud que ha vuelto a ignorar lo que exige la normativa haciendo y deshaciendo a su antojo lo que ya está regulado por ley y que, por lo tanto, es de obligado cumplimiento”. Por todo ello, el sector de Sanidad de CSIF ha exigido al SAS que anule, con carácter inmediato, la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales.
Finalmente, la Central Sindical promoverá que los profesionales sanitarios afectados reclamen la devolución de las pérdidas económicas que esta medida, ahora anulada, les haya podido ocasionar.
