El juez reduce a 10 las empresas encausadas en la trama de los cursos de formación
Decretan el sobreseimiento de las actuaciones sobre las otras 19 entidades onubenses que habían sido investigadas
El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha reducido finalmente a 10 el número de empresas de la provincia onubense encausadas por el presunto fraude de los cursos de formación con fondos concedidos por la Junta de Andalucía y ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones sobre las otras 19 entidades que habían sido investigadas y que por tanto quedan fuera de este proceso judicial.
Así se establece en un auto judicial que, a petición del Ministerio Fiscal y en base al artículo 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resuelve que no cabe la comisión de delito alguno en el caso de esas 19 empresas, entre las que se encuentran, entre otras, Centro de Estudios Tecnológicos, Fundación de la Formación Profesional para el Empleo, Centro de Empresas Riotinto S.A., Interacción y Servicios Concertados S.L. o Iniciativa y Desarrollo del Conocimiento S.L.U.
En el mismo auto judicial, al que ha tenido acceso el diariodehuelva.es, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acuerda igualmente, también a petición del Ministerio Fiscal, la división del procedimiento en tantas piezas separadas como empresas han de ser investigadas, por lo que decreta la apertura de diez piezas y deja como pieza principal la investigación referida al personal perteneciente a la Junta de Andalucía que también está siendo objeto de investigación.
“No apreciando la conexidad de delitos en el presente caso entre las distintas empresas que han percibido subvenciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una mayor simplificación del procedimiento que permita un desarrollo más ágil de la investigación, procede abrir distintas piezas separadas, tantas como empresas investigadas”
Así se indica en el citado auto judicial, donde también se señala que cada una de las nuevas piezas se seguirá contra una empresa individual “por un delito de fraude de subvenciones”, mientras que las presentes diligencias previas, como pieza principal, se seguirá contra el personal perteneciente a la Junta de Andalucía “por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos”.
En cualquier caso, las partes personadas en esta causa pueden interponer un recurso de reforma o de apelación contra este auto judicial, para lo que tienen un plazo de tres días
La presente causa comenzó a raíz de la investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el uso que las empresas beneficiarias de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía dieron a esos fondos, imputables a Programas de Formación para el Empleo y reguladas por la Orden 23 de Octubre de 2009, dentro del Programa Presupuestario 32D, y más en concreto en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo.
