Consumo alerta de ‘timos’ de 800 euros en revisiones de gas
Operarios de diferentes empresas acuden a los domicilios sin previo aviso y realizan cambios en la instalación por precios desorbitados. La mayoría de las víctimas son personas mayores y extranjeros que acceden ante el desconocimiento o el miedo a sanciones
El Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía ha alertado de ‘timos’ en las revisiones de gas en la provincia de Huelva con facturas que oscilan desde los 70 euros hasta unos 800 euros, cuando el coste de una revisión normal está entre los 40 y los 60 euros. En poco más de una semana, el servicio ha recibido unas 15 reclamaciones por visitas de empresas para la revisión del gas con una actuación “fraudulenta” y no se descartan que se hayan producido más casos. De hecho, hace un par de años, este servicio llegó a tener conocimiento de hasta 200 ‘timos’ de este tipo en tan sólo unos meses. Por ello, la Administración autonómica recomienda a la población no permitir ninguna revisión en sus instalaciones a menos que haya sido consensuada previamente.
De acuerdo con la normativa vigente, las inspecciones deben llevarse a cabo cada cinco años, tanto en instalaciones de gas natural o propano como en el caso de bombonas de butano. En los primeros casos, es la propia empresa la que avisa al cliente de que va a ir a su domicilio a realizar la inspección con varios días de antelación, y si realiza alguna reparación cobra el importe en la siguiente factura y no en el momento. En el caso del gas butano es el particular el que debe estar pendiente y ponerse en contacto con la empresa. Sin embargo, según ha explicado la jefa de Consumo de la Junta de Andalucía, Flor Álvarez, operarios de diferentes empresas “se han presentado en los domicilios de algunos onubenses para realizar revisiones sin avisar previamente y sin que nadie los haya llamado, y una vez allí han manipulado las instalaciones, han cambiado aparatos y al final han pasado la factura”, llegando a oscilar ésta entre los 70 euros en el mejor de los casos hasta los 800.
El perfil de la víctima es principalmente una persona mayor o extranjera. De acuerdo con los datos facilitados por Álvarez, “normalmente son personas mayores, y a veces algún extranjero, que creen que son de su propia empresa de gas y se asustan, y en ocasiones los operarios incluso los amenazan con sanciones si no acceden a la revisión”. Asimismo, estos casos suelen producirse a final o a principio de mes, “cuando las personas mayores han cobrado su pensión y tienen algo de dinero en casa, y en algunos casos los han acompañado incluso al banco para sacar dinero”. Sobre la zona de actuación, es aleatoria y han estado por diferentes puntos de la provincia, con casos en Gibraleón, Almonte, Aljaraque o la capital.
Las empresas en cuestión se dedican a la instalación de gas y proceden de toda la geografía andaluza, llegando algunos de los operarios de Cádiz, Córdoba e incluso Málaga. Según Álvarez, las empresas pueden tener todo en regla, pero “su forma de actuar es fraudulenta”, ya que “realizan los cambios en la instalación y después pasan la factura sin ni siquiera haber informado al cliente de ello previamente y esperar su consentimiento”, entre otros aspectos. De hecho, en uno de los casos más llamativos, un cliente estaba realizando obras y estaba a la espera de que llegará su empresa para la instalación del gas, cuando se presentó otra empresa en su domicilio para una revisión y, al preguntarle a los operarios, “estos se hicieron pasar por técnicos de su empresa y realizaron toda la instalación completa". A esto se suma que, ante la duda del cliente, hay operarios que incluso “te dejan su teléfono y te marcan para que llames a la empresa y confirmes su visita, pero es su empresa y no la del cliente”. Desde Consumo alertan de que nada de esto debe permitirse y hacen un llamamiento a la población para que no dejen entrar a nadie en casa a revisar su instalación, a menos que hayan hablado previamente con su empresa y concertado una cita.
Hace un par de años, el Servicio de Consumo recibió unas 200 reclamaciones por casos similares y lo puso en manos de la Fiscalía de Huelva por presunto fraude. Al final, lograron la devolución de algunas cantidades y abrirle expediente sancionador a una de las empresas implicadas. El año pasado la situación estuvo más tranquila, pero ahora han vuelto los casos y ya llevan unos 15, al margen de si otros afectados han acudido directamente a la Policía o al juzgado a denunciarlo. El Servicio de Consumo ya está en trámites de mediación con las empresas para tratar estos casos, y tiene a su favor que “las empresas han adjuntado la factura de la revisión con un contrato de servicio de mantenimiento, y el cliente tiene 14 días para desistirlo y que le devuelvan el dinero”. De cualquier forma, no descartan acudir a la Fiscalía si no se resuelve.
