Arranca la expropiación para el proyecto que hará de Doñana un depósito de gas
IU ya ha anunciado que acudirá a Bruselas para pedir en el Parlamento Europeo que se paralice el proyecto en el espacio natural protegido
El Gobierno central ha comenzado este jueves la expropiación de los terrenos afectados por el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana. Concretamente, están afectados por una de las cuatro partes del proyecto, el conocido como 'marismas occidental, que comprende unas 4,5 hectáreas de terrenos de empresas agrícolas, particulares e incluso el Ayuntamiento almonteño.
Hay que recordar que el Ministerio de Industria en funciones declaró el proyecto de utilidad pública el pasado 10 de marzo, y ha derivado en que Hacienda haya comenzado a ejecutar la ocupación de los bienes y derechos afectados. La organización conservacionista WWF, que ya denunció que Gas Natural Almacenamientos Andalucía dividió el proyecto para obtener más fácilmente los permisos ambientales, ha exigido a las administraciones la paralización del proyecto.
Por su parte, desde IU, su responsable de Política Institucional en Huelva, Francisco Javier Camacho, ha anunciado que acudirá el miércoles 13 de julio a Bruselas para defender ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “una Doñana libre de actividades industriales y para que se paralicen de inmediato los nuevos proyectos para almacenar y ampliar el transporte de gas en este entorno natural protegido, que pretende realizar la empresa Gas Natural”.
El dirigente provincial de Izquierda Unida añade que “exigimos a todas las administraciones, en base a sus competencias (Gobierno central y Junta de Andalucía) que no concedan ningún permiso, ni autorización, así como que impidan a Gas Natural seguir adelante con su peligroso proyecto para almacenar y ampliar el transporte de gas en el subsuelo de Doñana”.
A juicio de Izquierda Unida, los cuatro proyectos que la empresa Gas Natural pretende ejecutar: Marisma Occidental, Marisma Oriental, Saladillo y Aználcazar, constituyen en su conjunto una "agresión totalmente inasumible" para la conservación de esta Reserva de la Biosfera. En este sentido, Camacho explica que “la estrategia de la empresa, favorecida y permitida por el Ministerio de Medio Ambiente, de cuartear el impacto ambiental acumulado de este mega proyecto industrial que amenaza Doñana, no debe ser tolerada por las administraciones". Ya que, a su juicio, "lo que pretende la empresa es aparentar un impacto ambiental menor del que realmente se va a producir sobre este espacio natural”.
Camacho añade que “hay más irregularidades, como la ausencia de los preceptivos estudios geológicos, así como que no se ha realizado una evaluación de los posibles efectos acumulativos de los cuatro proyectos, sobre los espacios de la Red Natura 2000 y sobre el propio Parque Nacional. Entiende que la presión de esta macroempresa, con célebres casos de puertas giratorias, cuenta con la connivencia total del Gobierno de Rajoy.
Por ello, Izquierda Unida presentó en el Parlamento Europeo una queja para denunciar y evitar la ejecución de esta evidente agresión medioambiental que Gas Natural pretende ejecutar en Doñana. Este asunto se va a abordar la próxima semana en la Comisión de Peticiones, “donde esperamos que se atiendan nuestras denuncias y se acuerde una postura de dicho órgano contra este proyecto industrial en las entrañas de una Reserva de la Biosfera como Doñana.
Además, Izquierda Unida reclama el apoyo del Patronato de Doñana, del Consejo de Participación de Doñana y de la propia Junta de Andalucía para que “también se opongan frontalmente a esta actuación y defiendan sin ambages como viene haciendo Izquierda Unida, una Doñana libre de actividad industrial”, precisa Camacho.
