sábado. 27.04.2024
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La Junta aprueba el nuevo proceso de escolarización adaptado a la ley Celaá

El consejero de Educación ha defendido los beneficios que ha propiciado para las familias andaluzas la   normativa impulsada por su departamento para regular la admisión del alumnado.
La Junta aprueba el nuevo proceso de escolarización adaptado a la ley Celaá

El pleno del Parlamento ha convalidado el decreto-ley que modifica el proceso de escolarización en Andalucía y adapta la admisión del alumnado a la conocida como ley Celaá, que se aplicará ya en el próximo curso 2021-2022.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha defendido los beneficios   que   ha   propiciado   para   las   familias   andaluzas   la   normativa impulsada por su departamento para regular los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados para   cursar   las   enseñanzas   de   segundo   ciclo   de   Educación   Infantil Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

El  nuevo Decreto-ley  aprobado hoy  en el Parlamento,  que modifica la normativa   de   escolarización   para   ajustarse   a   la   Ley   Orgánica   de Modificación de  la  LOE  (LOMLOE),  mantiene inalterados los  principios fundamentales que la sustentan en materia de admisión del alumnado, con la garantía de una oferta suficiente de plazas en el sistema educativo público andaluz en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía y que sigue teniendo en cuenta la demanda social entendida como la prioridad de   elección   de   centro   educativo   por   parte   de   las   familias.  

Además, continúa   prestando   especial   atención   al   alumnado   con   necesidades específicas   de   apoyo   educativo,   garantizando   una   escolarización equilibrada de estos alumnos y alumnas mediante la reserva de hasta 3 plazas por unidad escolar.

Javier   Imbroda   ha   aclarado   que   solo   se   han   realizado   modificaciones “imprescindibles” obligadas por el cambio de la normativa estatal y ha destacado que para la elaboración del nuevo Decreto-ley, la Consejería ha tenido en cuenta como ejes principales el reconocimiento del papel central y vertebrador de la enseñanza pública que representa el 80% del sistema educativo   andaluz   así   como   la   relevancia   del   papel   de   la   enseñanza.

Durante   su   intervención,   el   consejero   ha   recordado   que   la   normativa andaluza que se aplicó por primera vez en el proceso de escolarización del curso 2020/21 y, que fue fruto de un amplio debate y diálogo en el seno de la comunidad educativa, ha sido “un éxito con datos en la mano”.

En global, el 93,78% de los alumnos han encontrado plaza en el centro elegido  como   primera  opción  y  casi  el  98%  en alguno  de los  centros demandados.   La   norma   también   permitió   ser   más   equilibrada   en   la escolarización   del   alumnado   con   necesidades   especiales,   al   haber provocado   un   incremento   en   los   escolares   admitidos   por   el   cupo   de reserva de Educación Especial del 15,5%.

Además, ha sido más eficiente en la asignación de plazas al mantener las listas   de   espera   del   alumnado   no   admitido   en   el   centro   solicitado   en primera   opción  hasta  el  inicio   del  curso.  Esto  ha  permitido  que  5.122 alumnos obtuvieran el centro elegido prioritariamente en la escolarización del curso 2020/21.

Otro de las beneficios contrastados con cifras por el titular de Educación y Deporte es que el procedimiento fue más justo y menos arbitrario por el aumento de los criterios de admisión, que ha permitido reducir en un 65% la adjudicación por sorteo en las plazas del alumnado de tres años y un 54,9% en el conjunto de los cursos. Así, ha puntuado por primera vez la matriculación en el primer ciclo de Infantil para fomentar la escolarización en esta etapa y el expediente   académico   del   alumnado   para   su   admisión   en   Bachillerato.

También, los hijos de los trabajadores de los centros docentes tienen prioridad en la admisión en los centros que trabajan su progenitores. Además,   ha   favorecido   aún   más   la   conciliación   familiar   al   facilitar   el agrupamiento de hermanos y hermanas en el mismo centro. Ello permitió que en el procedimiento de escolarización del curso 2020/21 las familias lograran reagrupar un total de 785 hermanos y hermanas.

Igualmente,   el   procedimiento   es   más   garantista   y   seguro   para   miles   de alumnos al conocer cuáles son los centros de adscripción preferente. Esta medida ha permitido que en la planificación del  curso 2021/22 se hayan adscrito por primera vez 151 centros concertados que imparten Educación Secundaria Obligatoria a otros centros para cursar Bachillerato, la inmensa mayoría centros públicos .

La normativa andaluza, ha destacado Javier Imbroda, se   sustenta   en   la potenciación del sistema educativo público que incluye la red de centros docentes públicos y la red de centros docentes concertados. Así, de los 1.742.267 alumnos matriculados en plazas sostenidas con fondos públicos este curso, un 80,6% están en centros públicos y un 19,4% en centros concertados, manteniendo el equilibrio entre ambas redes.

En su comparecencia, el consejero de Educación y Deporte ha indicado que estos datos avalan la decisión de mantener el espíritu de una norma que ha generado beneficios en el procedimiento y que “se ha actualizado, con carácter urgente, para adaptarla a la LOMLOE”.

Principales cambios

Así,  los   principales   cambios   incluidos   en   el   nuevo   Decreto-ley,   ha explicado   el   consejero,   afectan   a   la   puntuación   por   la   existencia   de hermanos en el centro, reducida a 14 puntos totales, en vez de 20 por hermano   como   recogía   el   anterior   decreto   andaluz,   que   favorecía   el agrupamiento de hermanos y hermanas en el mismo centro para facilitar la conciliación familiar. Dados los cambios obligados por la LOMLOE, que limita   este   criterio   al   30%   de   la   puntuación   total   que   pueda   tener   un alumno, Andalucía ha optado por otorgar la misma puntuación en este apartado que el de proximidad al domicilio familiar (14 puntos).

Otro de los cambios es que, dentro de los criterios de prioridad, figura la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar e incluye como nuevo criterio de admisión que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto. Por último, el Consejo Escolar de los centros públicos tendrá   con   la   nueva   normativa   la   competencia   para   decidir   en   el procedimiento   de   admisión   del   alumnado,   que   antes   correspondía   al director del centro.