Los funcionarios de prisiones, marginados y desprotegidos frente al Covid-19
Desde el sindicato ACAIP HUELVA, mayoritario en el sector de prisiones de España, quieren denunciar que a pesar de la legislación vigente por el Estado de Alarma, las normas de actuación del Ministerio de Sanidad y los protocolos de actuación de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias los funcionarios de prisiones de la provincia de Huelva están siendo marginados en la prevención de la salud laboral en relación al Covid-19.
ACAIP HUELVA ha tenido que denunciar estos hechos ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva para poner en su conocimiento, así como presentado una queja ante la Subdelegada del Gobierno y la Secretaría General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, la nefasta actuación en la detección de contactos estrechos, seguimiento de la evaluación de los casos de trabajadores como realización de pruebas por la empresa concesionaria tanto durante como a la finalización del confinamiento domiciliario de los trabajadores que han sido contagiados por el virus del COVID.
Y sorprende aún mas, dicen, que no cumpliendo la empresa concesionaria con sus obligaciones contractuales, Instituciones Penitenciarias que se supone garante de la salud de los trabajadores, ni exija el cumplimiento de las obligaciones ni rescinda su contrato. Y a su vez encomiende estas funciones a trabajadores del centro penitenciario que no tiene formación necesaria para ello.
También quieren denunciar que la normativa referida a determinar los contactos estrechos de un positivo por COVID por el ministerio de sanidad así , no tiene en cuenta las peculiaridades características estructurales de una prisión, los espacios de trabajo, la turnicidad de nuestro trabajo y por supuesto los estudios científicos que señalan que un centro penitenciario es uno de los entornos más propicios para un contagio masivo como hemos visto desgraciadamente en los centros penitenciarios de Sevilla 1 o Teruel.
Esas circunstancias que estamos describiendo unido al “plan” de Instituciones Penitenciarias de dejar caer la sanidad penitenciaria, buscando forzar el traspaso de competencias sanitarias penitenciarias a las comunidades autónomas y entre tanto poniendo en peligro la salud de una población reclusa con un sistema inmunológico deprimido.
Esta política de actuación se refleja una falta alarmante de personal facultativo, en mitad una pandemia, corriendo el grave riesgo que no se pueda garantizar la presencia de facultativo las 24 horas en un “barrio” de la capital como la Ribera así como la ausencia de una plan nacional especifico de vacunación contra el COVID en la prisiones españolas derivando su gestión a las comunidades autónomas.
