La nueva universidad privada que la Junta autoriza en Bormujos restará alumnado a la UHU
Los rectores de las universidades públicas de Andalucía han recordado hoy al Gobierno de Juanma Moreno que las nuevas universidades privadas que han obtenido luz verde para su desarrollo por parte de la Junta contaron en su día con el voto desfavorable del colectivo universitario andaluz.
Más allá de esta importante divergencia conviene resaltar que la Fundación Universitaria Fernando III impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial y se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, a poco más de media hora de Huelva, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior.
En un comunicado lanzado esta mañana explican que "en el día de ayer los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía tuvimos conocimiento de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los anteproyectos de ley para el reconocimiento de dos nuevas universidades privadas que pronto pasarán, por lo tanto, a formar parte del Sistema Universitario Andaluz".
Y añaden que "estas dos nuevas universidades recibieron en su día el voto desfavorable de todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas firmantes en la sesión del CAU en la que procedía emitir informe previo. Este rechazo no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse fundadamente que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería. De hecho, en su momento, las universidades públicas andaluzas enviaron a la Consejería con competencia en universidades un pliego de alegaciones donde se daba fundamentación detallada a estos argumentos".
Este anuncio, junto con el conocimiento de que dos nuevas universidades privadas más han iniciado también su tramitación y una tercera la comenzará próximamente, despierta una "gran inquietud entre las comunidades universitarias, pues, al mismo tiempo que se asiste a este crecimiento exponencial de la oferta privada en la Educación Superior, las universidades públicas seguimos necesitando un modelo de financiación que mejore las condiciones laborales de nuestro personal docente e investigador y de servicios y que nos permita poder avanzar en la mejora de la calidad de nuestra docencia, nuestra excelencia investigadora y ampliar el número de plazas ofertadas en las titulaciones con alta demanda para poder prestar con garantías el servicio público que nos corresponde".
En este sentido, los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas queremos expresar, una vez más, "nuestra convicción de que los criterios de calidad y racionalidad de la oferta universitaria deben anteponerse a cualquier otro criterio de interés u oportunidad y que solo una Educación Superior pública que reciba una financiación digna y suficiente puede garantizar los valores de progreso, bienestar y justicia social en nuestra comunidad autónoma".
Firmantes:
- Carmelo Rodríguez Torreblanca, Rector de la Universidad de Almería
- Francisco Piniella Corbacho, Rector de la Universidad de Cádiz
- Manuel Torralbo Rodríguez, Rector de la Universidad de Córdoba
- Pilar Aranda Ramírez , Rectora de la Universidad de Granada
- Ma Antonia Peña Guerrero, Rectora de la Universidad de Huelva
- Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén
- José Angel Narváez Bueno, Rector de la Universidad de Málaga
- Miguel Angel Castro Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla
- Francisco Oliva Blázquez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide
Respuesta de la Junta a los rectores de las universidades públicas
Ante este posicionamiento de los rectores andaluces, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha remarcado que los dos proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades privadas CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía cuentan con todos los requisitos legales establecidos. Ambas normativas reguladoras de estas instituciones académicas obtuvieron el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado martes, por lo que ahora se trasladarán al Parlamento para su debate y aprobación -si obtiene el respaldo de la Cámara-, tal y como establece el marco legal que le es de aplicación.
El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha recordado que “ambas iniciativas disponen de todos los informes preceptivos y legales”, entre los que ha destacado el del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo.
“En todos ellos no se incluye objeción alguna a dichos textos”, ha añadido. Asimismo, el secretario general de Universidades ha querido poner de manifiesto que las iniciativas académicas presentadas han mejorado sus propuestas a la luz de los informes emitidos por las distintas entidades evaluadoras a nivel autonómico y nacional en la fase en la que se evaluaba su viabilidad técnica.
Además, Ramón Herrera ha asegurado que estas dos iniciativas vendrán a complementar la oferta formativa del sistema universitario existente en la comunidad y, una vez aprobadas, deberán solicitar la impartición de las enseñanzas y verificar los títulos. Al respecto, ha matizado que “en este procedimiento la Consejería estará vigilante para que se cumplan todos los requisitos de calidad y con los mismos parámetros que se aplican al conjunto del sistema”, según ha dicho.
Por otro lado, el secretario general de Universidades ha subrayado que las universidades privadas no constituyen una amenaza para el sistema público universitario, asegurando que “es posible la coexistencia de lo público y lo privado y que esa complementariedad contribuirá a mejorar la competitividad de todo el conjunto de instituciones académicas”. En ese contexto, ha puntualizado que existen 7.000 alumnos universitarios andaluces estudiando de manera presencial en instituciones académicas privadas fuera de la comunidad.
De igual modo, ha reiterado que “la Junta no sufraga a las universidades privadas, por lo que no recibirán ni un solo euro de la financiación pública andaluza”. “No se detraerá nada del sistema público”, ha apostillado al respecto.
Herrera también se ha mostrado sorprendido por que los rectores andaluces liguen la aprobación de estos dos proyectos académicos con otras cuestiones como la financiación universitaria, aclarando que “en la línea de trabajo abierta con ellos para lograr un nuevo sistema de financiación, la Consejería se ha mostrado siempre leal y dialogante”. “Estamos haciendo un trabajo serio y así nos lo han manifestado”, ha apuntado para añadir que “ese será el camino por el que seguiremos trabajando”.
Posicionamiento ante la LOSU
Ramón Herrera ha indicado, igualmente, que la norma que realmente genera “inquietud” en los campus es precisamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por lo que ha reclamado a los rectores andaluces un posicionamiento público al respecto. “Sería bueno que se manifestaran de forma clara ante una ley que no mejora el sistema, ni la financiación, ni la internacionalización, ni la investigación en las universidades”, ha afirmado.
Cabe recordar que ayer, el Consejo de Gobierno aprobó los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía.
De igual modo, ha tomado conocimiento del rechazo por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la solicitud de implantación de la Universidad de la Costa del Sol y de la renuncia a continuar con el proceso de tramitación de otras dos instituciones académicas más: la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).
En el caso de las instituciones CEU Fernando III y UTAMED, una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno, ambas normativas se trasladarán ahora al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia. De acuerdo con estos textos jurídicos, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo del Parlamento.
Después de que el Consejo de Gobierno autorizara en febrero de 2022 iniciar la tramitación de estos dos anteproyectos de ley, la Consejería ha recabado en estos meses todos los informes preceptivos requeridos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo, en los que no se incluye objeción alguna a dichos textos.
De igual modo, se ha culminado el resto de las diligencias fijadas, como la de audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía.
Fundación Universitaria Fernando III El Sabio
La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial.
Se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior.
Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.
Por su parte, el proyecto docente y de investigación de UTAMED, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter online y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia.
Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado.
Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria.
Los dos proyectos de ley, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del CAU. Tras su puesta en funcionamiento deberán solicitar la impartición de las correspondientes enseñanzas, proceso en el que se velará por asegurar la calidad de los títulos como en el resto del sistema universitario andaluz.
Asimismo, se incluyen los requisitos de acceso del alumnado, estipulándose que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso, se deberá atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes. También se exige un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades.
Tras superar el trámite parlamentario, ambas iniciativas complementarán la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola.
Rechazo a una solicitud y desistimiento de otras dos
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Universidad por la que se rechaza iniciar la tramitación como anteproyecto de ley de la solicitud presentada en julio de 2018 por la entidad Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) para implantar en la comunidad la Universidad de la Costa del Sol.
Según dicha orden, la documentación aportada por la entidad promotora no permite acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos mínimos exigibles por la Ley Andaluza de Universidades. Atendiendo a esos criterios, se concluye que la propuesta no dispone de un proyecto de investigación adecuado y no queda acreditada la disponibilidad de las instalaciones, medios y recursos establecidos para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento. Igualmente, no se aportan las garantías necesarias para avalar el funcionamiento de dicha institución académica. En el expediente de este proyecto constan, además, los informes desfavorables de la DEVA y del CAU.
De igual modo, han concluido los expedientes de reconocimiento de la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS). Las entidades promotoras han desistido de continuar adelante, una vez recibidos los informes negativos del Consejo General de Política Universitaria y las observaciones del Gobierno andaluz en las que transmitía la necesidad de mejorar los proyectos.
Sistema universitario español
El sistema universitario español lo conforman, atendiendo a datos del curso 2019-2020, un total de 83 universidades, 50 públicas y 33 privadas, que representan un 39,7% del total, frente al 9% que suponen en la comunidad. De las 3.008 titulaciones de grado impartidas, el 73,7% corresponde a instituciones académicas públicas, alcanzando los másteres un porcentaje algo superior, del 76,5%. En cuanto al número de estudiantes, las privadas registran el 16,6% frente al 83,4% de las públicas, y en lo relativo al personal docente e investigador, este colectivo se cifra en 125.471 personas (curso 2018-2019), de las que 105.371 trabajan en universidades públicas.
Tras la polémica suscitada por su decisión,
