Una modificación de la Ley Forestal y el desacuerdo municipal amenazan con dinamitar el Pacto de Doñana

En los últimos días una cadena de acontecimientos están poniendo en serio peligro el acuerdo de Doñana firmado por el Gobierno y la Junta de Andalucía. Entre hoy y mañana se verá si ese pacto tiene blindaje a prueba de zancadillas municipales, proposiciones de ley que pueden ser rescatadas y normativas polémicas, sin olvidar el choque político soterrado y las denuncias ecologistas.

En primer lugar, desde WWF "alertamos de que la Junta de Andalucía ha incluido en el Decreto-ley 3/2024, del 6 de febrero de simplificación administrativa, una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana".  Y añade la organización de que con "la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal, este Decreto-Ley reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y, en un claro ejemplo de arbitrariedad, aplica la retroactividad a la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna".

Según WWF, con la modificación de esta norma, "los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal".
 

De esta forma, gracias al artículo 242 de este Decreto-Ley, "los terrenos que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola".

De este modo, "la Junta de Andalucía modifica sustancialmente su ley forestal mediante un Decreto-Ley cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable y esquivando así la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado, su importancia para Doñana", ha explicado WWF

Según apunta, "este Decreto-Ley tendrá como consecuencia una disminución del terreno forestal protegido de Doñana. Asimismo, supone una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas, así como la materialización por la vía del Decreto-Ley de algunos de los compromisos recogidos en la Ley de Regadíos de Doñana promovida por el Partido Popular de Andalucía, con la que se pretendía conceder una amnistía a los agricultores ilegales de Doñana, que aún no ha sido oficialmente retirada del Parlamento de Andalucía, y que ya incluía esta misma modificación".

"Consideramos que esta nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana supone un ataque directo al Pacto de Doñana firmado el pasado mes de noviembre entre la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía y por el que este se comprometió públicamente a la retirada definitiva de la Ley de Regadíos y el Gobierno de la nación a invertir 706 millones de euros en la
restauración ecológica y el desarrollo sostenible en el entorno de Doñana", subraya WWF en un comunicado.
 Y señala que "creemos que con esta amnistía encubierta se daña la credibilidad del Pacto de Doñana que había sido presentado a la Comisión Europea. De hecho, si la Junta de Andalucía mantiene la retroactividad de esta norma los ilegales, habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana y no tendrá sentido el Pacto de Doñana.

En paralelo se ha pronunciado Ecologistas en Acción, que ha denunciado que el Pacto de Doñana fue "una farsa" porque "nunca pensaron en retirar la Proposición de Ley, "después de que en el cuarto decreto de simplificación administrativa "se incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía".

Juan Romero ha asegurado que la Junta "sabe que no puede realizar esas modificaciones porque rebajarían las garantías ambientales y vulnerarían el principio de no regresión", por lo que, en su opinión, "lo que están buscando, además de las compensaciones de hasta 100.000 euros por la retirada de una hectárea de regadío, es aumentar la superficie agrícola de riego, es decir, hectáreas de especies de ciclo corto como los eucaliptos, con unas 700 y 800 hectáreas ubicadas principalmente en Lucena del Puerto y Moguer, pasarían automáticamente a suelos agrícolas regables", ha detallado.

Choque político

A esta sensación de 'desacuerdo' y 'desaliento'  se une el choque entre el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), y Juan Espadas, el líder socialista andaluza.

El consejero asegura que en el cuarto decreto-ley de medidas de simplificación administrativa que el Consejo de Gobierno aprobó este mes, y cuya convalidación se debate esta semana en el Pleno del Parlamento, "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley" que PP-A y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz para la regularización de suelos regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, "bajo ningún concepto".  Juan Espadas le había pedido "una explicación inmediata" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno por introducir en dicho decreto-ley de simplificación "el cambio de suelos forestales por agrícolas en toda Andalucía, y especialmente, en el entorno de Doñana", a través de una modificación del artículo 1 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Fernández-Pacheco concluye que en dicho decreto "no existe ninguna medida que suponga la vuelta a la proposición de ley de Doñana bajo ningún concepto", porque "en el articulado" del mismo "no se habla en ningún momento de agua ni de regadíos", y "lo único que se contempla es la trasposición de la normativa estatal en materia forestal a la normativa andaluza".

Pero se ha sabido que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, llamará al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "preocupada" y "sorprendida" por que el cuarto decreto-ley de simplificación administrativa incluya una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitiría legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Parque Nacional de Doñana.

Pero aquí no acaba la dinámica que amenaza con dar al traste con el Acuerdo de Doñana y los más de 700 millones de inversión pactados por Gobierno y Junta.

Porque, según ha anunciado el Ayuntamiento de Almonte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha convocado nuevamente a los 14 alcaldes del ‘Acuerdo de Municipios por Doñana’. La reunión, inicialmente programada para la mañana de este lunes se ha pospuesto al martes, a las 17:00 horas, en la sede de la Fundación Biodiversidad, en Sevilla.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, lo avanzaba en la atención a los medios durante la entrega del silbato turdetano al Museo de Huelva, hallado en Doñana; donde ha explicado que el Miteco aún no ha respondido a ninguna de las propuestas elevadas.

La complejidad radica en la necesidad de llegar a un acuerdo que aúne las dos propuestas presentadas hasta ahora.

Por un lado, Almonte e Hinojos, municipios que contribuyen con hasta un 65% de su territorio a este espacio, y que han paralizado el pacto del resto de ayuntamientos, la mayoría sin territorio en Doñana, cuya propuesta se centraba en un reparto lineal.

En contraparte, Almonte e Hinojos han presentado tres formas de reparto, con criterios "justos y objetivos", dicen, donde la disponibilidad presupuestaria se reparte en función del territorio y población, a través de la fórmula matemática del 80% territorio y 20% población, basada en Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía que han regulado otros fondos en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas también a los ayuntamientos de los municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia Rocío Pérez, ha enfatizado la importancia de Almonte, en un reparto territorial. “Se deben considerar los tres núcleos de población de Almonte. Matalascañas, cuenta con una población que supera las 200 mil personas durante el verano, una urbanización enclavada en pleno corazón de Doñana. Además, en la aldea de El Rocío, se pueden concentrar una media de 40 mil personas en fines de semana, sin contar con eventos significativos como la Romería o el Rocío Chico”, subraya Pérez. Lo que añade una dimensión especial al reparto, no de 14 municipios, sino de 16, contando con los núcleos almonteños de El Rocío y Matalascañas.