Abran los ojos: el 2,5% de concesionarios acaparan el 63% de superficie y el 80% del agua autorizada en Doñana
En medio del inmenso ruido y la tormenta desatada sobre Doñana y la agricultura onubense, especialmente el sector de los frutos rojos, por la proposición de Ley presentada por PP y VOX en el Parlamento y las decenas de comparecencias programadas se ha escuchado con fuerza la voz de los agricultores y ganaderos de la COAG.
Su intervención ha sido un aldabonazo, una llamada de atención que ha sorprendido a muchos porque ha logrado destapar lo que se cuece en Doñana, su entorno y en el sector desde hace un tiempo, al margen de errores (que los ha habido), políticas de hacer la vista gorda (que las ha habido), incumplimientos de proyectos y promesas desde Doñana 2005 y portavoces parlamentarios en la oposición que ahora claman por lo que antes no han hecho en su propio partido de gobierno y, claro, sequías pertinaces.
Abran los ojos.. eso es lo que ha venido a decir la COAG. Porque "no se pueden planificar soluciones pensando en plazos electorales a 4 años". Una de las soluciones es buscar los recursos hídricos necesarios, y dejar de usar el sector agrario como arma en esta guerra política.
Una frase sonó desde la COAG: " ¿saben ustedes decirnos cuantas hectáreas se van a legalizar? ¿son 800 o son 1.900? ¿qué tipo de explotaciones? ¿quiénes son?”.
Al tiempo que dejó caer la bomba del día y que lleva oculta muchos años para el gran público:
“La Ley argumenta que de su aprobación se beneficiará la agricultura familiar, pero lo cierto -ha destacado COAG- es que en la superficie que se riega actualmente ya existen desigualdades muy relevantes para el sector agrario en cuanto a distribución de superficie y uso del agua: el 2,5% de los concesionarios actuales acaparan el 63% de la superficie y casi el 80% del volumen de agua autorizado”.
“En frente nos encontramos modelos de grandes explotaciones, fondos de inversión y/o capitales extranjeros, que invierten en agricultura para obtener rentabilidad a corto plazo, sin preocuparse por los recursos, ni por la gente. De hecho, en la misma cuenca del Gualdalquivir, a pocos kilómetros, hay industrias cerradas y campos vacíos, por priorizar el modelo de explotación especulativo de grandes fincas en producción intensiva. No hay agua ni territorio para la especulación en Andalucía”.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Andalucía ha solicitado la suspensión de la tramitación de la Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y propone una mesa de diálogo entre las administraciones implicadas, Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Así lo ha dicho hoy durante su comparecencia en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz el secretario de organización y responsable de Agua de COAG Andalucía, Eduardo López, quien además ha defendido que “la agricultura debe ser parte de la solución para Doñana, el sector no puede estar continuamente en el punto de mira. No se pueden planificar soluciones al regadío, Doñana y sus gentes, pensando en plazos electorales de cuatro años. Ambas administraciones deben asumir su responsabilidad y dejar de usar al sector agrario como arma en una guerra política y mediática”.
Para la mesa de diálogo, COAG Andalucía ha propuesto soluciones reales que, según ha explicado Eduardo López, pasan por identificar la zona conflictiva con un estudio técnico que dé soporte a la propuesta, así como y vigilar que no se continúe ampliando la superficie.
“En segundo lugar -ha señalado-, hay que buscar los recursos hídricos necesarios con todas las posibilidades que existan, sin descartar Alcolea o la reutilización. A la vez, arrojar claridad sobre lo realmente disponible, para dejar de extraer aguas subterráneas y recuperar el acuífero. Y, por último, proponemos que se estudiar caso por caso, sin generalizar, atendiendo a un modelo social, familiar y profesional, que necesite la regulación para conseguir un tamaño viable de explotación, y que sean agricultores tradicionales y jóvenes de la zona los beneficiados de la regulación”.
No se legaliza el uso del agua, solo cambia el uso del suelo
En lo que respecta al contenido de la Ley, el responsable de Agua de COAG Andalucía ha comentado que esta propuesta de ley “no legaliza el uso del agua, solo cambia el uso del suelo, pasando además por una modificación de la Ley Forestal, que permite la conversión de antiguas hectáreas de pinar y eucalipto en explotaciones de regadío”.
En este sentido, ha manifestado que “echamos en falta transparencia, es decir, ¿saben ustedes decirnos cuantas hectáreas se van a legalizar? ¿son 800 o son 1.900? ¿qué tipo de explotaciones? ¿quiénes son?”
Por otro lado, durante su intervención en la Comisión, López se ha referido a la necesidad de que el Estado ejecute obras que son de su competencia: “Para que el agua superficial llegue, es necesario ejecutar obras que son competencia del Estado y que, con toda probabilidad, tardarán años en poder usarse, como la presa de Alcolea, siendo COAG partidaria de que salga adelante, o el trasvase de 20Hm3 del Tinto, Odiel, Piedras al Guadalquivir, del que está ya comprometido gran parte y que la actual superficie legal necesita para dejar de extraer agua del acuífero, que ya está sobreexplotado. En este sentido, somos partidarios de que todos los recursos posibles se pongan a disposición, pero que se destinen, primero, a consolidar el regadío existente y a recuperar el estado del acuífero y cuando estén las obras hechas y los recursos libres, se estudien las posibilidades de nuevos regadíos en la zona”.
“Es de esperar que la aprobación de esta Ley continúe con la guerra entre administraciones -ha añadido-, por lo que solo crea falsas expectativas entre los agricultores, sin que suponga solución alguna ni para el sector, ni para el Parque. No hacer nada, tampoco es una opción. El Plan de la Fresa de 2014 ni se ha ejecutado en su totalidad, ni se ha controlado su cumplimiento”.
El modelo sostenible de agricultura social y profesional
Respecto a la situación del acuífero, Eduardo López ha explicado que “los científicos advierten que el nivel del acuífero ha descendido hasta 20 metros en los últimos 45 años. Existe un riesgo de intrusión salina en la marisma irreversible, sumado a los incuestionables efectos del cambio climático: más temperatura, sequías más frecuentes y lluvias torrenciales…no podemos llevar al parque al límite o la agricultura en el entorno de Doñana será inviable para todos. Hay que apostar por un modelo que sea sostenible”.
Y ese modelo sostenible es, para COAG Andalucía, el de la agricultura familiar y profesional, de pequeñas y medianas explotaciones que dependen de la actividad y viven en la zona, manteniendo la población en el medio rural y cuidando su entorno.
Ha sido una intervención sorprendente en medio de la refriega.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado a favor de una posible modificación de la proposición de ley sobre regadíos en la comarca de la corona norte de Doñana, solo si se plantean desde los partidos de la oposición enmiendas a la misma que ofrezcan una alternativa "creíble y viable", dice.
Y el PP andaluz lamenta que la única propuesta del PSOE para los agricultores del Condado sea “provocar diez años más de sufrimiento”.
El diputado por Huelva Manuel Andrés González subraya la coincidencia de los agentes sociales en reconocer que el Plan Especial de la Corona Norte provocó una situación de injusticia para cientos de agricultores, y subraya que “es el momento de dejar de mirar a otro lado y solucionar de una vez esta situación”. Asegura, en línea con Moreno Bonilla, que el grupo parlamentario mantiene la mano tendida para mejorar y enriquecer el texto pese a que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez no plantean alternativas “y rechacen cualquier opción de diálogo al negarse a acudir al Parlamento para debatir la proposición de ley”
Desde el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz piden al PP-A que promuevan la "retirada" de la proposición de ley de los grupos Popular y Vox para regularizar nuevas zonas de regadío.
Posición del Gobierno
En paralelo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no comparezca en el Parlamento andaluz en relación a la Proposición de Ley de ordenación de regadíos en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana. Donde le corresponde es en el Parlamento de la Nación, dijo. También se ha pronunciado sobre la ausencia de un representante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en esta ronda de comparecencias recalcando que los Organismos de cuenca "se pronuncian con informes", como así se ha hecho. Muy negativos a los intereses de PP y VOX y de su proposición de ley.
Por su parte, el exfuncionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Juan Saura ha reclamado "una política de Estado", que ha concretado en que "los dos gobiernos (Junta y Estado) deben trabajar al unísono", convencido de que, más allá de los regadíos, "hay que poner luces más largas" ante otro reto como es el cambio climático.
Tras 48 años de labor, ha defendido que "la forma más sencilla de traer agua a Doñana es del Guadiana", una petición que ha sustentado sobre el Tratado de Albufeira de 1998 entre España y Portugal, del que ha demandado "reciprocidad" para que "Huelva tenga derecho hasta un máximo". Y hasta ha citado el embalse de Alqueva, (Guadiana) desde donde se podría suministrar agua a Doñana.
WWF: Retiren la proposición de ley de PP y VOX
La organización ecologista WWF ha pedido la "retirada" de la proposición de ley de los grupos Popular y Vox y ha alertado que podría "llegar a legalizar una superficie de hasta 1.900 hectáreas".
El coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, vaticina que esta proposición de ley "solo empeorará el desequilibrio hídrico del acuífero, que es tan grave como para que esté declarado en riesgo de no alcanzar su buen estado cuantitativo, y no servirá para mejorar los ecosistemas de la comarca de Doñana, tanto los de dentro como los de fuera del espacio natural, cuyo estado es grave de acuerdo con lo que han dicho los técnicos y los científicos".
Carmona señaló que la iniciativa política de PP y VOX "ha supuesto la ruptura de la paz social enfrentando a los agricultores y perjudicando a los regantes de frutos rojos de Huelva", y su aprobación "es un incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que nos ha condenado por la falta de conservación de Doñana, lo que va a desembocar en sanciones millonarias para España".
