Detienen a 14 personas acusadas de empadronar ilegalmente a migrantes en una vivienda de Villarrasa
La Guardia Civil ha procedido a la detención de 14 personas por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsificación de documento público y atentado contra un agente de la autoridad. Los intermediarios habrían sido detenidos por ser los presuntos autores de un delito contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros. Los beneficiarios de los padrones habrían sido detenidos por ser los presuntos autores de un delito de Falsificación de Documento Público.
La Operación Ñomblo comenzó en el verano de 2020 cuando agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva detectaron un aumento significativo en el número de empadronados en una vivienda de Villarrasa.
El cabecilla de la trama delictiva era un varón mayor de edad de nacionalidad española, el cual se había asociado con el dueño de la vivienda, también de nacionalidad española, y que tenía trabajando para él numerosos intermediarios de nacionalidad marroquí, senegalesa y maliense encargados de captar inmigrantes irregulares. Esta persona, había creado una red de contactos que le facilitaban desde numerosos puntos de la provincia de Huelva acceso a inmigrantes irregulares que estarían dispuestos a pagar por obtener los empadronamientos.
Su red de intermediarios de distintas nacionalidades habrían sido los encargados de captar a estas personas, establecer los precios y desplazarlos hasta la localidad de Villarrasa donde se cerraban los acuerdos económicos, gestiones por las cuales obtenían directamente del cabecilla parte del dinero por facilitar los contactos.
Simultáneamente habría entablado una relación de negocios con el dueño de la vivienda por la cual ambos recibirían parte del dinero aportado por los inmigrantes. Una vez cerrado el acuerdo, el cabecilla ponía en contacto a los inmigrantes con el dueño de la vivienda y juntos acudirían a realizar todos los tramites de documentación requeridos.
Finalmente los beneficiarios del padrón, los cuales no eran conocedores de que estaban cometiendo un delito habrían dado el primer paso para regularizar su situación en territorio nacional, mientras que el resto de actores en la trama se habrían lucrado económicamente del desconocimiento de estas personas y de su precaria situación, obteniendo en año y medio unos grandes beneficios.
En el domicilio en cuestión, se habrían empadronado en el último año y medio un total de 83 personas en situación irregular en territorio nacional.
Estas personas carecían de documentación alguna que acreditase su estancia, bien por estar en posesión de un visado de trabajo temporal caducado, que les habría autorizado a trabajar principalmente en la campaña fresera de la provincia de Huelva hasta su finalización, y otras por no haber obtenido nunca documentación alguna al haber entrado directamente de forma irregular, poseyendo tan solo la carta de identidad y el pasaporte expedido en su lugar de origen.
