jueves. 18.04.2024
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El tráfico continental de residuos tóxicos hacia Nerva refuerza la ampliación del vertedero

La planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva ha asumido la limpieza de zonas contaminadas de Montenegro a costa de perder la declaración del cauce del río Tinto como Patrimonio Mundial. La ampliación propuesta del vertedero facilitará la acumulación de residuos durante otros 25 años.
El tráfico continental de residuos tóxicos hacia Nerva refuerza la ampliación del vertedero

La planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos de Ditecsa en Nerva ha asumido la limpieza de zonas contaminadas de Montenegro (ubicado a 3.267 km, en los balcanes), que son paradójicamente Patrimonio UNESCO, a costa de perder la declaración del cauce del río Tinto como Patrimonio de la Humanidad.

A muy poco de cumplirse un año de la presentación por parte de Ditecsa Soluciones Medioambientales de su proyecto básico para la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el vertedero de Nerva y su consiguiente ampliación de capacidad, la Junta de Andalucía ultima su decisión final sobre un proyecto que alargará la vida útil de la planta por un cuarto de siglo más.

Sin embargo, la decisión de la Junta de Andalucía se ha topado en su camino con un convidado inesperado: el traslado hasta Nerva de 40.000 toneladas de residuos peligrosos entre marzo y agosto de 2019. Y la aspiración futura de alojar y tratar otras 110.000 toneladas de residuos, el equivalente a la capacidad de varios millares de camiones de transporte.

Un traslado y tráfico internacional de residuos industriales, tóxicos, peligrosos y de toda índole que paradójicamente se realiza con el objetivo de ‘limpiar’ y recuperar en Montenegro uno de sus espacios geográficos más valiosos y Patrimonio de la Humanidad, la Bahía de Boka-Kotor.

Estas y otras llegadas masivas de residuos españoles y continentales propician y hacen necesaria (para los intereses de la gestora de residuos) la ampliación del vertedero de Nerva. Una obra que ocasionará, según los grupos ecologistas, asociaciones, plataformas y reputados científicos internacionales defensores del cauce del Tinto que se oponen al proyecto de Ditecsa, liquidar el proyecto y la petición formal de convertir la Cuenca del Río Tinto, desde su nacimiento hasta la desembocadura en Huelva, en Patrimonio de la Humanidad.

El vertedero de Nerva lleva años colmatado y para seguir recibiendo residuos, también de Montenegro, necesita una nueva Autorización, un permiso que debe ser firmado por la Junta de Andalucía más pronto que tarde. Un plácet que facilita y mucho otra normativa aligerada en tiempos de esta cólera pandémica,  la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Las asociaciones vecinales, plataformas, Ecologistas y fuerzas políticas consideran que “Nerva necesita una apuesta firme por la descontaminación y una economía circular real que no suponga cambiar enterramiento de residuos peligrosos por una supuesta valorización que conlleva tanto el incremento del consumo de recursos (energía y agua) como el incremento de producción de contaminación del aire y las aguas, dando cabida a la especulación y el tráfico de residuos en un macro supermercado inasumible por las nuevas políticas medioambientales europeas y españolas”.

La figura de declarar como suelo contaminado ese territorio facilitaría que los gobiernos solicitaran para la zona proyectos de descontaminación financiados o por el Banco Mundial o instituciones similares, tal y como ha sucedido en Montenegro.

Sería la fórmula más directa, a juicio de los colectivos que se oponen al proyecto de Ditecsa, para “devolver la salud a la zona, el aire limpio y el paisaje, con la vista puesta, como Montenegro la tiene en la recuperación de su Patrimonio de la Humanidad, la Bahía de Boka-Kotor, pues en Nerva, para declarar Patrimonio de la Humanidad el Río Tinto y poder iniciar un nuevo camino hacia la prosperidad basado en la puesta en valor de la riqueza natural de la Cuenca Minera la ampliación del vertedero supone una condena de por vida a lidiar con los residuos”.

Movimiento internacional de residuos, un negocio muy lucrativo

Hasta ahora, las partes (españolas) que han tenido que intervenir en el traslado de miles de toneladas de residuos desde el país balcánico hasta Nerva (y las que faltan por llegar) no han aportado la información requerida. Ni la empresa gestora, Ditecsa Soluciones Medioambientales, ni el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ni la Junta de Andalucía han facilitado información sobre la legalidad de la operación y la metodología (legal) internacional usada para autorizar el traslado. Ni mucho menos se sabe el coste de la operación.

No es ilegal que un país extracomunitario envíe sus residuos peligrosos, por ejemplo, a España.  La clave está en la aplicación del Convenio de Basilea que regula estas acciones de traslado y la realidad de que Montenegro carezca de técnicas y medios de tratamiento para asumir esas tareas que le incumben como productor de residuos.

Por qué se envían a Nerva y no a centros de tratamiento de Italia o Croacia, más cercanos

Sin embargo, las autoridades españolas que autorizan este traslado de residuos sí que deben tener en cuenta por qué se envían a Nerva y no a centros de tratamiento de Italia o Croacia, ambos países de la UE que se encuentran mucho más cerca de Montenegro. De Boka-Kotor a Nerva hay más de 3.000 kilómetros de distancia y a Italia solo 700 km, o 650 a Croacia, a solo 7 horas de trayecto por carretera.

¿Se han hecho análisis (confrontados) de los residuos autorizados y los que han llegado a Nerva?

Además, este tráfico de residuos debe estar amparado por la comunicación entre la Junta de Andalucía (competente en Medio Ambiente) y el Ministerio para la Transición Ecológica. Obviamente el traslado de tal cantidad de toneladas de residuos desde el Puerto de Sevilla (se necesitan cientos de camiones para la operación) debe hacerse con criterios concretos de seguridad y con el obligado conocimiento por parte de las autoridades andaluzas y españolas de su peligrosidad para el depósito final y su enterramiento.

Y para comprobar fehacientemente la operación se han debido hacer confrontaciones del contenido de los barcos y tomado muestras aleatorias de los residuos para comprobar si efectivamente son los que se han autorizado para su traslado. Pero, a día de hoy, ninguna autoridad competente ha facilitado esta documentación en comisión o a la opinión pública.

Sustancias peligrosas enviadas a la planta de Ditecsa

La información conocida relata que se trata de arena contaminada proveniente del desmantelamiento del astillero de Bijela y también una parte del arsenal de Tivat (Montenegro) y ha sido importada por la empresa francesa Valgo a granel en barcos al Puerto de Sevilla con destino final a depósito en el vertedero de Nerva.

Se trata de residuos clasificados en la Lista Europea de residuos (LER) como 12 01 16* y como A1020 según el Convenio de Basilea, cuyo movimiento transfronterizo está prohibido, ha recordado Ecologistas en Acción.

Entre la composición de la arena contaminada hay asbestos, un material demostradamente cancerígeno que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante; así como tributilo de estaño, un compuesto orgánico que se utiliza como agente biocida de las pinturas antiincrustantes y que es un disruptor endocrino muy peligroso que produce irritación y edema pulmonar, contaminando el suelo y las aguas por un plazo de unos 40 años.

Con estos mimbres y denuncias en el horizonte, la Junta se apresta a tomar la decisión de autorizar, o no, la ampliación de un vertedero que aspira a seguir recibiendo residuos no ya de los polos químicos y fabriles andaluces (para eso fue concebido y con esos argumentos se declaró de utilidad pública hace 25 años) sino de países europeos o extracomunitarios, caso de Montenegro.

A todo esto se une la ausencia de información sobre la actividad de la planta, porque ya ni funciona la comisión municipal de seguimiento del vertedero, o la paralización del proceso de información municipal puesto en marcha y que se tradujo en dos encuentros que no consiguieron aclarar el mar de dudas y las sospechas que hicieron públicas los colectivos que se oponen a la ampliación de la instalación. Ni tan siquiera se ha informado de los más de 15 incendios sufridos por las instalaciones o de las supuestas sanciones impuestas por Medio Ambiente a la gestora durante dos décadas.

Hasta ahora, la pandemia ha jugado a favor de esa ampliación solicitada al impedir indirectamente la contestación ciudadana que suscita el proyecto. De hecho los anuncios sobre el proyecto coincidieron con el primer estado de alarma y confinamiento de marzo pero no es imposible que la resolución de la Junta también coincida con este segundo confinamiento y cierre perimetral decretado por la Junta de Andalucía y que estará en vigor hasta el día 10 de diciembre, de momento.