Denuncian la falta de personal y de medidas seguras en los comedores escolares de Huelva
Mes y medio después de comenzar el nuevo curso escolar, las movilizaciones ante la falta de "medidas seguras" en los centros siguen siendo el pan de cada día.
De hecho, este mismo viernes, la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza (CGT) ha vuelto a convocar una jornada reivindicativa contra la "falta de recursos para desarrollar un curso seguro y presencial".
Tras varias protestas (a la convocada en septiembre se sumó más del 30% de la comunidad educativa), este viernes, la federación pretende brindar su apoyo a aquellos centros donde existe una mayor demanda de ayuda por la inseguridad que se vive desde el inicio de curso. Así, unirán fuerzas para solventar la difícil situación que se vive actualmente en el IES Saltés de Punta Umbría, donde acudirán a partir de las 12 h.
Laura Iglesias Martín, delegada sindical de CGT Enseñanza en Huelva, manifiesta que, a pesar de las reivindicaciones de mejora que pide el AMPA de la localidad costera para afrontar un curso "seguro", hace tan solo dos días, la situación en este instituto se complicó aún más: "una alumna agredió a la directora", explica.
"Este centro necesita aún más apoyo por el entorno socioeconómico en el que se encuentra ubicado. Ahora empiezan el curso y están escasos de medios y de personal. Se necesita ayuda y aquí vamos a gritar por ello", manifiesta.
Sin embargo, las reivindicaciones no solo aluden a la cuestión de la ratio. Según los sindicatos, los servicios complementarios también se han visto afectados gravemente en este atípico comienzo de curso marcado por la pandemia.
Servicios de limpieza, aula matinal o comedores escolares están en el punto de mira. La escasez de personal o las insuficientes medidas de protección en mitad de la segunda ola de contagios, mantiene en vilo a la comunidad educativa.
Desde la delegación sindical de CGT Enseñanza en Huelva, aseguran que "no se está cumpliendo la seguridad necesaria. Una parte del personal de estos servicios (muchos de ellos externalizados) no está trabajando en las condiciones adecuadas. No se les da los EPIS necesarios. Hay muchos contratos externalizados que se han visto reducidos. Mucha gente ha ido a la calle precisamente este año, cuando más necesario se hace el refuerzo de estos servicios, sobre todo, para los padres que necesitan conciliar su vida laboral y familiar en plena pandemia ", explica a este diario.
Afirman, además, que la seguridad en cuanto a la limpieza no está garantizada desde los servicios públicos, haciendo que empresas privadas se hagan cargo de ello. "Precisamente por ello, estamos convocando huelgas sucesivas, para todo el personal y todos los miembros de la comunidad educativa. Esperamos que todos unamos fuerzas y consigamos una educación digna al completo, ya que, todavía hay muchos centros que siguen sin servicio de comedor ", cuenta.
A día de hoy y después de más de un mes y medio del inicio de curso, según la CGT, permanecen sin servicio de comedor centros como el CEIP Príncipe de España y el Virgen del Pilar en la capital; el CEIP El Faro de Mazagón, Rodrigo de Xerez en Ayamonte y el CEIP San Roque de Villablanca.
El comedor del colegio de Rosal de la Frontera cuenta con una sola empleada para 123 usuarios
Esta misma semana CCOO ha denunciado la privatización del comedor escolar del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Rosal de la Frontera.
Aseguran que desde el pasado 14 septiembre hay una baja en el personal de cocina del centro, con lo que se ha quedado una sola trabajadora para atender el comedor escolar.
El sindicato mantiene que desde el centro no se tramitó la sustitución con la delegación en tiempo y forma y tampoco se gestionó ninguna otra ayuda con otras administraciones como el ayuntamiento de la localidad, directamente a la empresa privada. “En un principio el catering era una medida provisional de un par de días, pero la delegación ha respondido al centro que la sustitución va para largo y tendrán el catering. Nos encontramos de nuevo ante una privatización de un servicio público y un recorte en el empleo y la educación pública”.
“Nos preocupa la sobrecarga laboral que tiene la persona que se ha quedado en el comedor, ya que atiende a 123 personas usuarias entre alumnado y monitoras. Máxime en un curso enmarcado en la emergencia sanitaria donde el trabajo se duplica por el protocolo a aplicar en los centros educativos”. Dicha empleada es de la Junta de Andalucía, lo que podría estar suponiendo una cesión de esta trabajadora a una empresa privada.
La CODAPA pide al Defensor del Pueblo intervenir ante la situación de los comedores en Andalucía
La Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA) ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el que solicita su intervención ante la situación actual de los comedores escolares para asegurar este servicio esencial para la ciudadanía, especialmente para las familias más vulnerables, en vista de la “dejación de funciones”.
Según los datos de la CODAPA, al menos 126 centros educativos públicos andaluces han empezado el
curso 2020-21 sin servicio de comedor, afectando alrededor de 12.000 escolares y a sus familias. Esos datos
incluyen a menores y adolescentes que se benefician del Plan SYGA, "destinado a apoyar a nuestras familias más vulnerables", lamenta el colectivo, para el que la actual situación de este servicio “no deja de ser una señal más del abandono que está sufriendo desde hace años la escuela pública por parte de las administraciones competentes”.
En su escrito al Defensor del Pueblo, la Confederación recuerda que en las licitaciones del servicio se siguen primando a empresas grandes que ofrecen precios tan bajos (superan bajadas del 20%), lo que deja fuera de competición a PYMES y asociaciones sin ánimo de lucro como las AMPA. Así, un reducido número de empresas (a veces la misma con diferente denominación), copan la gestión de los miles de comedores escolares de Andalucía.
El personal de los servicios complementarios no se realiza las pruebas PCR
Son varios los cabos sueltos en materia de seguridad, porque aunque el profesorado y el personal no docente de los centros se hayan realizado las pruebas Covid, a través de la Delegación Territorial de Salud, existe otra preocupación planteada por las asociaciones de madres y padres de alumnos y de los sindicatos en este inicio de curso: la ausencia de test Covid al personal de empresas externas que trabajan en los colegios, como es el caso de las monitoras y cocineras de comedores escolares, actividades extraescolares, aulas matinales, personal técnico de integración o intérpretes de lengua de signos.
Tal y como afirma CGT Enseñanza en Huelva, no existe coordinación alguna ni comunicación entre la Junta y los centros cuyos servicios como el aula matinal, dependen de empresas externas. "No conocemos el protocolo entre los monitores (dependientes de empresas externas) y la Junta para poder efectuarse los test PCR. Dudamos de que los propios centros escolares lleven el control de estas medidas. Son las empresas externas las que tienen que encargarse de la protección, incluso de los EPIS, ya que no se los proporciona el centro".
Estos trabajadores, lamentan, están "desprotegidos" y en contacto directo con grupos de alumnos, a veces, muy numerosos. "Nos preocupa que si no se controla todo, no se controla nada. El personal de un centro es igual al completo, por lo que tienen que tener las mismas normas de seguridad, tanto docentes como monitores y trabajadores del resto de servicios. Es sentido común lo que le falta a nuestra administración. Esto repercute en incertidumbre y malestar por parte de los padres y de la comunidad educativa. Cuando nos toca algo bien de cerca es cuando empezamos a levantarnos y a gritar, pero es una lástima que esto no ocurra hasta que no tenemos el problema encima".
Por eso, dice la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza, "hay que dejar de tener miedo. Pedimos a toda la comunidad educativa que se levante y reivindique lo que es justo. Una vuelta a las aulas seguras".
