viernes. 29.03.2024
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Ocho investigados en Huelva en una gran operación internacional contra el crimen medioambiental

Una macrooperación internacional de la Interpol, Europol, la Guardia Civil y el Seprona investiga a ocho personas y empresas en Huelva por la comisión de graves delitos medioambientales. Se han detectado vertidos contaminantes al mar desde vectores muy dispares: las aguas residuales urbanas, los ríos, las actividades agrícolas, la actividad industrial y el tráfico marítimo.
Ocho investigados en Huelva en una gran operación internacional contra el crimen medioambiental

La Guardia Civil, en el marco de la Operación ‘30 días en el mar’, lanzada por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol entre los Estados miembros de la Unión Europea, está investigando a un total de 72 personas físicas/jurídicas (8 en Huelva) por diferentes delitos vinculados a la contaminación marina. Además se han detectado 73 incidentes relacionados con vertidos que se han producido de manera directa o indirecta al mar.

En esta operación han participado más de 80 países de todo el mundo. En España, la Guardia Civil y la Marina Mercante han llevado a cabo 1.102 inspecciones en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos. Los agentes han datado procesos contaminantes en industrias químicas, metalurgias, chatarrerías y otras empresas.

Según ha podido conocer Diario de Huelva.es en la provincia de Huelva se han desarrollado una treintena de actuaciones dirigidas tanto a personas físicas como jurídicas y se investiga a ocho de ellas por la comisión de delitos medioambientales.

La mayoría de las inspecciones internacionales desarrolladas en Huelva tienen que ver con vertidos contaminantes al mar o a ríos. En Huelva se han realizado operaciones de control e inspección en puertos, grandes embarcaciones, la ría de Huelva, marítimas y en cauces públicos.

La Unidad Europea contra el crimen ambiental no ha reportado la identidad de las personas y empresas investigadas en Huelva al continuar abiertas las actuaciones.

Según ha informado la Guardia Civil y su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), las investigaciones están dirigidas a esclarecer la posible autoría de más de 70 personas físicas/jurídicas en la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, se han formulado 55 denuncias por incumplimientos de la Normativa sobre el tratamiento y gestión de los residuos en el transcurso de las pesquisas.

Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y a multas de hasta 24 meses.

El desarrollo de esta operación, no sólo ha permitido destapar un número significativo de actuaciones irregulares que han sido puestas en conocimiento de las Autoridades competentes, sino que además ha puesto de manifiesto la diversidad de tipos de vertidos contaminantes que van a parar al mar desde vectores muy dispares, fundamentalmente las aguas residuales urbanas, los ríos que vierten al mar, las actividades agrícolas, la actividad industrial y el tráfico marítimo.

En la operación han participado efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Unidades del Servicio de Fiscal, del Servicio Marítimo, Servicio Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR) de la Guardia Civil, quienes han apoyado en las tareas de identificación de los vertidos y de los focos emisores de los mismos, así como en la extracción de muestras de aquellos vertidos observados; por otro lado, se ha contado con la colaboración de Frontex para la detección de varios vertidos y con la Dirección General de la Marina Mercante para la realización de inspecciones en buques que utilizan combustibles con un nivel de azufre superior al permitido y que, por tanto, contaminan en exceso.

Las estimaciones de Interpol señalan al delito contra el medio ambiente como uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, principalmente motivado por el amplio beneficio económico que obtienen las personas físicas y jurídicas que, valiéndose en muchos casos de una estructura legal para la gestión de los residuos, se valen de ésta para realizar una mala gestión de los mismos por acción u omisión.

Según informes de Naciones Unidas e Interpol, los delitos medioambientales, el crimen medioambiental, se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual.

 Los vertidos al mar: una preocupación a nivel global

La información reunida por Interpol, Europol y dada a conocer por la Guardia Civil y el Seprona concluye que “la contaminación por vertidos al mar constituye un problema que ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional y que acorde con esta preocupación ha motivado que el delito medioambiental constituya una prioridad para la UE en la lucha contra la delincuencia organizada y grave (2018-2021)”.

Cabe destacar que España, por su concepción peninsular, dispone de muchos kilómetros de litoral, por lo que el problema de los vertidos al mar es muy importante, sin olvidar que, a nivel mundial, las aguas marítimas y continentales representan el 70% de la superficie del planeta.

Según una nota facilitada por la agencia europea de Seguridad, durante la operación, se encontró una grave contaminación en Alemania, donde un barco descargó 600 litros de aceite de palma al mar. Ghana descubrió galones de aceite de desecho en botellas grandes que se cree que fueron vertidas ilegalmente en el mar.

Las autoridades evitaron un desastre ambiental en Albania asegurando las aguas alrededor de un barco que se hunde y que contiene unos 500 litros de petróleo. Del mismo modo, la amenaza de contaminación resultante de la colisión de dos barcos en aguas francesas fue contenida gracias a una acción preventiva durante la operación.

Se utilizaron tecnologías innovadoras para detectar delitos, incluidas imágenes satelitales (Argentina, Suecia), vigilancia aérea (Canadá, Italia), aviones no tripulados (Indonesia, Nigeria y Pakistán) y cámaras de visión nocturna.

"Esta es la razón por la cual los agentes de la ley deben formar un equipo a escala mundial para establecer vínculos internacionales sólidos con expertos especializados para que podamos enfrentar este crimen devastador y al mismo tiempo garantizar un planeta más sano y seguro para todos", respondió Wil van Gemert, Director Ejecutivo Adjunto de Europol. Dirección de Operaciones.

“Los delincuentes creen que la contaminación marina es un crimen de bajo riesgo sin víctimas reales. Esto es un error que Interpol y nuestros socios están abordando, como lo demuestra esta operación ”, dijo el Secretario General de Interpol, Jürgen Stock. "La contaminación marina crea riesgos para la salud en todo el mundo que socavan el desarrollo sostenible y requieren una respuesta cooperativa multisectorial y de múltiples agencias dentro de una sólida arquitectura de seguridad global", agregó.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Medio Ambiente de la ONU, Erik Solheim, dijo que el problema de la contaminación marina ilegal es un tema que las comunidades globales podrían abordar con éxito en la próxima década. "Pero necesitamos la ayuda de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para asegurarnos de que no haya impunidad para los autores de los delitos de contaminación marina", agregó el Ejecutivo de Medio Ambiente de la ONU.

Coordinado por el Programa de Seguridad Ambiental de Interpol en estrecha colaboración con Europol, 30 Days at Sea fue impulsado por una serie de acciones de cumplimiento cooperativas, que incluyeron reuniones de inteligencia preoperativas, con capacitación nacional y regional para fortalecer la planificación táctica y la cooperación internacional. Europol coordinó las acciones en la región euromediterránea, incluidas dos reuniones operativas y soporte de análisis operacional. En total, se llevaron a cabo 3 323 acciones, incluyendo 120 procesados ​​y 210 incidentes de contaminación detectados.