Una de las mayores causas de maltrato animal en Huelva podría quedar impune
La trama de amputaciones de orejas y rabos a perros de caza en la provincia desata una batalla judicial con el equipo de abogados defensores contratados por la Asociación Española de Rehalas
(Foto: El País)
'Ears'. Orejas. Así se denominó la sonada operación del Seprona de la Guardia Civil llevadas a cabo en la provincia onubense, y nunca antes se habían realizado detenciones a nivel masivo en una de las mayores causas que han pasado por los juzgados de Huelva en materia de maltrato animal.
El mismo Seprona, en su balance anual de actuaciones, destacó 'Ears' como una de las operaciones más importantes de toda España. Hubo más de una treintena de personas detenidas o imputadas-investigadas -entre ellos cazadores y veterinarios- por una trama de amputaciones de orejas y rabos a perros de caza, de raza podencos.
Y todo podría quedar en nada, sin responsabilidades penales, o al menos es el temor de la Fiscalía de Huelva, que a través de un extenso informe que firma la fiscal Ana Isabel Laso, al que ha tenido acceso Diariodehuelva.es, ha dejado clara su oposición al archivo (sobreseimiento) de la causa abierta, compartida entre los juzgados de Moguer, La Palma del Condado y Aracena. "Un asunto de envergadura", dice el Ministerio Fiscal.
Triángulo Fiscalía, Asociación de Rehalas y animalistas
¿Quién podría frenar el proceso? Frente a la fiscal Laso, especializada en los asuntos de maltrato animal en la Fiscalía de la Audiencia de Huelva, se encuentra la Asociación Española de Rehalas, que ha dispuesto su equipo de abogados para ejercer la defensa de los investigados, entre los que hay veterinarios y cazadores, según se expresa en el informe.
Por supuesto, los letrados piden en beneficio de sus defendidos el sobreseimiento de la causa, y con los argumentos de la Asociación de Rehalas, esgrimen el argumento de que las "amputaciones se realizan por veterinarios y que las mismas están amparadas en la 'tradición' en relación a las rehalas de perros podencos paterninos", y dice la Fiscalía, "equiparando estas amputaciones con espectáculos legalmente autorizados, y no exentos de controversia como el Toro de la Vega y similares").
Y en este escenario se suman en calidad de acusación particular-popular, asociaciones defensoras de los derechos de los animales, tales como Pacma (Partido Animalista), Fapam ( Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal)o Fadea (Federación Andaluza Defensa Animal), que como es lógico también se oponen al archivo y, al contrario, exigen las penas más duras. Éstas argumentan que entran en el procedimiento con ausencia de "mala fe procesal", ya que las organizaciones "defienden los derechos de los animales, son entidades sin ánimo de lucro y presentan una delicada situación económica". Es uno de los argumentos utilizados para evitar la fianza (recurrida) ante la posibilidad única de personarse como acusación popular.
La Ley andaluza es clara
La Fiscalía de Huelva no comparte los argumentos de los abogados contratados por la Asociación de Rehalas, y la fiscal hace referencia Ley 11/2003 de protección de los animales de Andalucía, que en su artículo 4-D "prohíbe practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad".
"Necesidad", "prevención", "tradición"
Explica la Fiscalía que cualquier tipo de mutilación en perros por fines estéticos está prohibida con carácter general, y en caso de necesidad sólo las podría practicar un veterinario, acreditando dicha necesidad en certificado oficial, y "aquí -dice la fiscal- parece confundirse el término 'necesidad' con el término 'prevención' e incluso con el de 'tradición'". Y en este punto se muestra contundente el Ministerio Fiscal: "La necesidad que exige la legislación andaluza mal casa con la amputación general de orejas y rabos en animales perfectamente sanos, sólo a los efectos de mantener la estética de una raza determinada o prevenir supuestas infecciones o lesiones que aún ni se han producido".
En cuanto a la realización de las amputaciones por veterinario, argumenta el Ministerio Público que dicha intervención es "puesta en duda por los agentes de la Guardia Civil actuantes, debido a que la certificación de todas las intervenciones normalmente se realizan con carácter general y certificadas todas juntas en papel no oficial". Asimismo, recuerda que estas causas de maltrato animal derivadas de las amputaciones de rabo y orejas "devienen de la presentación por parte de investigados de certificados veterinarios falsos", estando imputados diversos profesionales por estas prácticas en toda la provincia de Huelva.
Legislación y ¿dolor? del animal
En el argumentario del informe referente a la operación 'Ears' y el procedimiento abierto, la Fiscalía de Huelva señala que la defensa de los investigados pone en duda que haya existido lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal, al haber sido los "cortes puntuales, realizados por veterinarios", y que "incluso en las visitas realizadas por el Seprona a los núcleos zoológicos, se comprueba que los perros no sufren dolor ni en los rabos ni en las orejas".
La Fiscalía vuelve a poner por delante la Ley 11/2003, en cuya aplicación se considerarían las amputaciones a los perros un "menoscabo grave de la salud del animal", de tal manera, concluye la fiscal, que "comete el delito quien injustificadamente maltrate a un animal doméstico o amansado causándole la muerte o lesiones graves, y en los cortes de orejas y rabos, y más aún sin intervención veterinaria, claramente ha existido una alteración o afección grave del bienestar animal, bien jurídico protegido en el tipo".
