La denuncia colectiva por el presunto fraude de MandiMotor, en el juzgado
La macrodemanda agrupa los casos de una veintena de afectados y exige resposabilidades penales contra los administradores y responsables de la empresa por supuestas estafas mediante firmas falsificadas o apropiaciones indebidas
La demanda colectiva de afectados por la presunta macroestafa de la empresa Mandimotor (de compraventa de coches de segunda mano) ya se encuentra en manos del juzgado. Sobre la mesa se encuentra una denuncia de grandes dimensiones y de no pocas ramificaciones, y el juez tendrá ahora que tomar la decisión de admitir (o no) a trámite una denuncia que comprende los casos de 20 afectados de la capital y varios municipios de la provincia.
La denuncia penal, a la que ha tenido acceso Diariodehuelva.es, se interpone contra Rosa M.R.L. y Mariano M.B., como administradores y responsables de las empresas MundiMotor, Moguer Motor y MandiMotor. En la síntesis de todas las pruebas aportadas al juzgado, se relata que desde el año 2012 los denunciados han estado realizando una “actividad presuntamente delictiva desde distintos concesionarios de compraventa de coches”, en la que se habrían cometido supuestos delitos relacionados con falsificaciones de firmas o apropiaciones indebidas de dinero.
Causas paralelas
Recuerdan los afectados en la denuncia colectiva que existen en los tribunales procedimientos abiertos contra los mismos denunciados que no han sido incluidos en el ‘paquete’, con sus correspondientes diligencias abiertas, al objeto de no interferir en las investigaciones.
Los afectados, agrupados bajo una asociación creada para aglutinar los diferentes casos de presuntas estafas, tienen a su favor diferentes resoluciones de entidades bancarias que han dado la razón en numerosos casos, con créditos paralizados e incluso devoluciones de cantidades abonadas por los vehículos, mientras que el resto aguarda la decisión judicial para recuperar su dinero.
El presidente de la asociación de afectados, Juan Carlos Martín, se ha mostrado esperanzado en que la demanda sea admitida para que los denunciados se sienten en el banco de los acusados, teniendo en cuenta la cantidad de pruebas aportadas, así como las investigaciones paralelas que ha realizado un detective contratado al efecto.
El caso ha motivado numerosas denuncias en la comisaría de la Policía Nacional, donde los afectados han trasladado que los vehículos eran entregados en depósito por particulares u otros comerciales al ahora detenido para la exposición, promoción y venta en su establecimiento. Según constató la Policía, como ya dio a conocer públicamente, los vehículos eran vendidos a otros particulares de buena fe a los que se le entregaba documentación provisional con el argumento de la demora en los trámites. Por otro lado, a los afectados se les daban excusas para no liquidar el pago procedente de la venta de su vehículo, dinero del que se apropiaban.
Los clientes, tras la sucesión de evasivas dadas por la empresa, terminaban descubriendo la situación de su vehículo bien por gestiones en la Jefatura de Tráfico, consultas en Internet, multas, etcétera. El grupo especializado de la Policía Nacional inició la investigación tras el conocimiento de que tanto el establecimiento como el responsable de la empresa tenían varias denuncias.
