El precio por poner en riesgo nuestro ecosistema: 10.000 euros

A raíz de la nueva polémica generada por la irrisoria multa de 10.000 euros que se ha impuesto a la empresa francesa Valgo, por transportar en barco residuos desde Montenegro hasta Nerva superando los límites acordados y los permitidos por la propia legislación internacional marítima, este diario se ha puesto en contacto con Juan Romero, de Ecologistas en Acción.

El portavoz de esta confederación hace una valoración de lo que significa la imposición de esta ínfima cantidad como sanción a una acción tan temeraria como fueron las infracciones que esta empresa francesa cometió y que la misma niega, poniendo en duda al sistema español de inspecciones y control.

Para ponernos en contexto, finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impuesto una multa de 10.000 euros a la empresa francesa Valgo, la que se encargó de enviar residuos desde Montenegro con dirección a nuestra provincia, al vertedero de Nerva, por "infracciones detectadas en el traslado de la carga". En un principio era de 50.000 euros, pero las alegaciones de esta empresa la han reducido al 20%.

Estas infracciones fueron detectadas gracias a una solicitud que Ecologistas hizo a los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para que se pusiera en marcha el nuevo mecanismo de inspecciones de lo que traían los barcos, porque el Real Decreto que habla de esas inspecciones se aprobó en 2021.

Tras esa inspección, efectivamente encontraron infracciones: ese barco que venía de Montenegro no estaba en el listado y se pasaron en la cantidad de residuos. Por lo tanto, la empresa francesa sancionada, Valgo, hizo sus alegaciones, el Ministerio ha considerado algunas y la multa ha resultado en la ridícula cantidad de 10.000 euros.

Desde Ecologistas se lamentan que, por añadir más polémica al asunto, Valgo ha declarado que las infracciones no eran tales, dejando en evidencia al sistema español de inspecciones y control. Porque no se trata de que el Gobierno encuentra una infracción, se trata de que estuvo la Guardia Civil, Aduanas... Hicieron una inspección y encontraron las infracciones. "Es desconcertante que esta empresa francesa insista en que no cometió esas infracciones".

Esta confederación de grupos ecologistas asegura que todos los plazos, de cualquier cambio... Están totalmente controlados, tanto en el Convenio de Basilea como la Directiva Europea relativa al transporte de residuos. Con lo cual, si ellos siguen recurriendo, se demostrará si cumplieron los plazos, si avisaron de que era otro barco y si se pasaron en 500 toneladas de lo que se les permitía.

"Hablando del barco Dakota, no solo se pasaron en la cantidad del permiso que tenían, que era de 7.000 toneladas, sino en la cantidad máxima que se puede transportar en ese barco, lo que son unas 7.462 toneladas. Teniendo esto en cuenta, no hay alegación que puedan hacer, puesto que ya están infringiendo la legislación internacional marítima. No es algo que diga España".

Un hecho nada sensato, pues, según Ecologistas, traspasando ese límite, ese barco ya estaba poniendo en riesgo la navegación "entrando por nuestro río Guadalquivir, por nuestra Doñana y la ciudad de Sevilla. Una irresponsabilidad absoluta, una temeridad".

Desde Ecologistas en Acción consideran que, si desde el Gobierno central y el Gobierno andaluz hubiese habido transparencia de lo que entra en los puertos, habrían ya tenido esa información y, si acontece esto, hubiera estado muy claro para la ciudadanía y para todo el mundo.

Desde Ecologistas asumen que existe un mercado de residuos, pero tiene que ser con seguridad, control y transparencia. "Tenemos que reforzar que no se traigan residuos para enterrar en nuestra tierra, que los entierren cada uno en la suya. Y reforzar la parte de recuperación, de reciclaje, de revalorización..." inciden.

"Efectivamente, la multa nos parece una cantidad irrisoria. Nos parece que la infracción de un 10% más de lo permitido no es baladí, porque también sobrepasa el máximo con que ese barco puede navegar con seguridad. De hecho, a los tres días de irse de Huelva, le tuvieron que reparar una fractura en la cubierta en Figueira da Foz (Portugal). Y han tardado 10 días. Vaya, que no era algo pequeño.

¿Habrían navegado por nuestras aguas ya con esa rotura?

¿Es 10.000 euros el precio por poner en peligro nuestro ecosistema?