El Ayuntamiento de Almonte pone fin a la concesión del columbario de El Rocío tras casi una década sin ejecutarse

El Ayuntamiento de Almonte ha iniciado el procedimiento para extinguir de forma definitiva la concesión administrativa otorgada en 2015 para la instalación y explotación de un columbario en El Rocío, un proyecto que nunca llegó a ejecutarse y que ha permanecido enquistado durante casi diez años. La decisión permitirá cerrar un expediente complejo desde el punto de vista jurídico y administrativo, aunque conlleva un coste para las arcas municipales que supera los 770.000 euros, correspondiente a los gastos acreditados por la empresa concesionaria.

La concesión, adjudicada por un periodo de 50 años, no pudo materializarse debido a impedimentos urbanísticos y administrativos que impidieron la ocupación efectiva del suelo y la obtención de las licencias necesarias. A pesar de ello, el contrato no fue resuelto ni anulado formalmente, generando una situación anómala en la que la empresa no pudo desarrollar el proyecto y el Ayuntamiento no regularizó la concesión.

Durante mandatos anteriores se intentó declarar la nulidad del contrato, una opción que fue descartada por el Consejo Consultivo de Andalucía al no concurrir causas de nulidad de pleno derecho. Los informes técnicos y jurídicos actuales advierten de que una revocación unilateral, transcurrido tanto tiempo desde la adjudicación, podría haber derivado en reclamaciones patrimoniales de mayor alcance y en un perjuicio económico aún mayor para el municipio.

Ante este escenario, el equipo de gobierno ha optado por la resolución del contrato por mutuo acuerdo, una fórmula prevista en la legislación que permite poner fin a la concesión de manera pactada, evitar litigios judiciales y cerrar definitivamente una situación prolongada en el tiempo. El acuerdo contempla el reconocimiento de los gastos efectivamente justificados por la empresa, como estudios técnicos, proyectos, avales, seguros y cánones, sin incluir beneficios futuros ni lucro cesante.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta decisión responde a la necesidad de afrontar con responsabilidad una gestión heredada, regularizar una situación irregular y proteger el interés general frente a escenarios de mayor riesgo económico. No actuar, señalan, habría supuesto prolongar la inseguridad jurídica y mantener abierto un conflicto con posibles consecuencias aún más gravosas para las cuentas municipales.

Con esta actuación, el Consistorio de Almonte da por cerrado un episodio que se ha arrastrado durante casi una década y reafirma su compromiso con una gestión rigurosa, transparente y responsable del patrimonio municipal, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.