El PP alerta de que la reforma de Costas amenaza a miles de familias del litoral onubense
Los populares presentan una moción en el Senado contra el anteproyecto del Gobierno y advierten de su impacto sobre viviendas, empresas y sectores económicos de la costa
El Partido Popular de Huelva ha mostrado su rechazo a la reforma del Reglamento General de Costas impulsada por el Gobierno central al considerar que puede afectar a miles de familias y empresas situadas en el litoral onubense.
El presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, ha anunciado la presentación de una moción en el Senado para reclamar la paralización del anteproyecto y ha advertido de las consecuencias que, a juicio de los populares, podría tener sobre numerosos propietarios de viviendas y negocios situados en municipios costeros de la provincia.
González ha señalado que la modificación planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría afectar a construcciones legalmente establecidas desde hace décadas en localidades como Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Palos de la Frontera y Almonte, debido a la revisión de los deslindes de dominio público marítimo-terrestre.
Según el dirigente popular, existen familias que residen desde hace generaciones en núcleos costeros consolidados y que ahora ven amenazados sus derechos sobre propiedades que fueron construidas conforme a la normativa vigente en su momento.
El presidente provincial ha criticado además que la reforma se esté tramitando, según sostiene, sin el suficiente consenso con las comunidades autónomas ni con los municipios afectados, y ha cuestionado la falta de información sobre las consecuencias reales que podría tener la aplicación de la nueva normativa.
Desde el PP también advierten de que el anteproyecto carece de un estudio detallado sobre su impacto económico y laboral. En este sentido, consideran que sectores fundamentales para la economía costera de la provincia podrían verse afectados, entre ellos la pesca, el marisqueo, el turismo, la hostelería y las actividades vinculadas a los puertos deportivos.
González ha recordado además que un intento anterior de modificación reglamentaria impulsado por el Gobierno central fue anulado por el Tribunal Supremo, argumentando que determinadas cuestiones relacionadas con la Ley de Costas requieren cambios legislativos de mayor rango.
Los populares defienden que la protección ambiental del litoral debe ser compatible con la seguridad jurídica de los propietarios y con el mantenimiento de la actividad económica ligada a la costa.
Por ello, la moción registrada en el Senado busca reclamar mayores garantías para los afectados y abrir un proceso de diálogo que permita analizar el alcance de la reforma antes de su aprobación definitiva.
El debate sobre la futura regulación de Costas vuelve así a situarse en el centro de la actualidad política en una provincia donde gran parte de la actividad económica y turística está estrechamente ligada a su litoral y donde cualquier modificación normativa genera una especial preocupación entre propietarios, empresarios y ayuntamientos costeros.
