Mesa de La Ría solicita al Ayuntamiento que impugne en los tribunales el contrato de Eurosamop con el Recre
Mesa de la Ría va a solicitar en el próximo Pleno Municipal que sea el Ayuntamiento, como propietario del 98 % de las acciones del club, quien solicite la nulidad ante los tribunales de justicia del contrato de gestión suscrito entre el Recreativo y Eurosamop SL, la empresa de Juanma Lopez.
Esta moción se basa en la circunstancia puesta de manifiesto por el Secretario General del Ayuntamiento, quien, mediante un informe de fecha 2 de marzo de 2018, dictaminó que al tratarse el Recreativo de una empresa pública, el procedimiento de contratación para dichos servicios de gestión debió realizarse por el cauce previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es, mediante una licitación pública sujeta a los principios de transparencia, igualdad y libre concurrencia de posibles interesados.
Para Mesa de la Ría, que ha querido dejar claro que esta propuesta no iba a ser presentada hasta que el Decano consiguiera la permanencia deportiva en la categoría, el hecho de que una empresa pública haya formalizado un contrato de gestión omitiendo el procedimiento legal establecido, obliga a los gestores públicos municipales a instar a que se restaure la legalidad que ha sido vulnerada. No se puede admitir en ningún caso que las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento incumplan la Ley.
Cabe recordar al respecto, que Mesa de la Ría ha solicitado en sendos procesos judiciales sustanciados, tanto en la jurisdicción contencioso administrativa como en la civil, que dicho contrato sea mostrado a los miembros de la Corporación, cosa que hasta ahora ni el alcalde (que manifiesta no tenerlo en su poder) ni el propio Consejo de Administración del Recreativo, han consentido en hacerlo.
Según opinión de Rafael Gavilán, Concejal de Mesa de la Ría, se considera además muy importante la posibilidad de eximir al Recreativo de la obligación de tener que abonar anualmente a Eurosamop un 15% de los ingresos brutos de la sociedad. Unas cantidades que podrían superar los 250.000 euros para un club que está en una situación económica muy precaria, con lo que el beneficio de esta medida sería doble, el económico para el Recre y el de la restauración de la legalidad para el Ayuntamiento.