El PSOE de Huelva defiende el anteproyecto de Ley de Memoria del Gobierno
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado esta semana por el Consejo de Ministros es “absolutamente necesario para que se haga ya justicia y se dé dignidad a las víctimas”, ha dicho hoy la parlamentaria andaluza María Márquez.
Huelva es una de las provincias españolas que más duramente sufrió la represión, porque las circunstancias hicieron que casi no hubiera guerra en este territorio, debido a que la provincia casi en su totalidad cayó rápidamente en manos de los golpistas.
Pero la represión “fue durísima desde los primeros días –ha enfatizado María Márquez-, donde los fusilamientos se convirtieron en algo casi cotidiano y miles de onubenses sufrieron las famosas sacas, pasaron por las armas o fueron torturados en las prisiones o en los penales improvisados que tuvieron que habilitarse para albergar tales cantidades de presos políticos”.
Ahora, ha finalizado la socialista, “cientos de familias onubenses, que han sufrido el abandono generalizado durante tantos años y el desprecio de la derecha en este país, tienen, otra vez, un Gobierno socialista amigo en Madrid, que hará justicia con una Ley definitiva que los ampare y dignifique”.
Se trata de “un gran paso adelante” en las políticas públicas de memoria de este país, que entronca con lo más avanzado del derecho humanitario internacional, dignifica a las víctimas de la guerra civil, la posterior represión y la larga dictadura y afianza la actual democracia.
Esta nueva Ley tiene una doble finalidad: la recuperación y difusión de la memoria democrática y el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Todo ello “con la finalidad de promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva”, ha recalcado Márquez.
De esta manera, la Ley declara expresamente el repudio y condena del golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura, en afirmación de los principios y valores democráticos y la dignidad de las víctimas. Es la primera vez que esto aparece en la parte dispositiva de una Ley destinada a atender a las víctimas de la guerra y de la situación que se vivió después durante 40 años.
La Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, “supuso un claro impulso a las actuaciones de recuperación de la memoria histórica y se sentaron las bases para hacer políticas públicas dirigidas básicamente al reconocimiento y reparación de las víctimas”. Esta ley tuvo un considerable nivel de ejecución hasta 2011, “pero sufrió una completa paralización y abandono durante los gobiernos de Mariano Rajoy, que no dedicaron ningún presupuesto a su desarrollo, ha recordado la parlamentaria socialista onubense.
Ahora, de nuevo con un Gobierno socialista, ha remarcado, “se ha vuelto a poner sobre la mesa con un proyecto mejorado, con cuestiones tan esenciales tales como la nulidad de las resoluciones y sentencias que dictaron; el reconocimiento del papel activo de las mujeres españolas en la vida intelectual y política, y en defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales; que las administraciones públicas asuman el liderazgo de la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad de Estado; la creación de un Banco Nacional de ADN de víctimas de la guerra civil y la dictadura; o que la memoria democrática entre en la escuela, incluyendo entre los fines del sistema educativo español el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades”.
