El hospital JRJ doblará las atenciones pero “con menos camas y menos personal”

Las juntas de personal de los dos hospitales exigen la anulación de la unificación por no haber sido consensuada con los representantes de los trabajadores y usuarios, y auguran una peor asistencia, traducida en "mayores listas de espera y la masificación de urgencias".

Las juntas de personal de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena han vuelto a denunciar la "manipulación de la realidad que está haciendo el Servicio Andaluz de Salud" sobre el proceso de fusión de las dos áreas hospitalarias de la provincia.

Las juntas de personal han asegurado que Huelva es la provincia "más deficitaria en sanidad de Andalucía y por ende de España", es decir la que cuenta con "menos camas de hospitalización por habitantes, menos personal para atender a las mismas, por debajo de las ratios recomendadas y con menor gasto por habitante en sanidad".

Actualmente, han afirmado, es la "única provincia de Andalucía que no cuenta con un hospital materno infantil, sin una UCI pediátrica y sin desarrollar algunas especialidades médicas".

Por ello se refieren a la fusión planteada por la administración sanitaria, que califican de "proyecto improvisado, cambiante, no negociado, con fines únicamente economicistas, que vulnera los derechos de los trabajadores", ya que se pretende cambiar su puesto de trabajo de un centro a otro, "no existiendo respaldo jurídico alguno", y además, vaticinan, "va a empeorar gravemente la calidad de la asistencia a los usuarios, aumentando las listas de espera, la masificación en urgencias y la consiguiente demora en su atención".

Según la dirección de los hospitales, el hospital Infanta Elena se convertirá en un centro neurotraumatológico, asumiendo así el JRJ todas las urgencias que no sean de estas especialidades, "con la consiguiente masificación, aumento de demoras y listas de espera". Actualmente el hospital JRJ atiende a una población de 270.000 habitantes y con esta reestructuración, calculan, atenderá a un área de 470.000 habitntes, "similar a un hospital como el Reina Sofía de Córdoba pero con una dotación menor en cuanto a camas y personal".

Las juntas de personal de los dos hospitales han querido reiterar que es "falso" que haya sido un proyecto pedido y liderado por los profesionales, y en este punto recuerdan que se realizó un referéndum a los profesionales de Infanta Elena, donde se les consultaba textualmente: ¿Ha solicitado la FUSION?, "a lo que el 99.03% contestó que no".

Tampoco es un "proyecto negociado y consensuado con los representantes de los trabajadores", y ambas juntas manifiestan haber sido informados de la puesta en marcha de esta fusión "sin posibilidad de ninguna negociación puesto que ya era un plan cerrado unilateralmente por la dirección-gerencia".

Asimismo, "con los datos que tenemos actualmente de la fusión de las unidades obstétrico-ginecológicas y pediatría, de 208 trabajadores afectados de los dos hospitales quedarían 171 en ambos servicios", lo que significa una reducción de personal. Por otro lado, en los servicios anteriormente citados actualmente hay 181 camas en los dos hospitales, "resultando con la fusión 138".

Con todo, ambas juntas de personal reclaman la "paralización de la fusión, tal como se está llevando a cabo, argumentada por la Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento Andaluz en junio de 2013 en la que se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a la paralización de las fusiones por la falta de negociación con los representantes de los trabajadores y usuarios, y siempre que no se mantengan las carteras de servicios de los hospitales a fusionar. Por otro lado, exigen el "cese del gerente y todo su equipo directivo por la incapacidad manifiesta demostrada en la forma en la que está llevando a cabo este proyecto".

Piden la realización de un proyecto claro que beneficie a la provincia de Huelva, que realmente aumente la calidad, la cartera de servicios y el número de profesionales y que, como mínimo, la iguale con el resto de Andalucía. Por último, instan a Salud a llevar a cabo una "negociación transparente con trabajadores y usuarios".