Ciudadanos propone bajar el tamaño de captura de la chirla

El grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación propondrá en el pleno del mes de febrero, que se celebra este miércoles, que la Junta de Andalucía estudie el estado de los caladeros en los que faenan los barcos onubenses y zonas de marisqueo y “valore la posibilidad de bajar el tamaño de captura de la chirla a 23 ó 24 milímetros”. En este sentido, Gallardo ha apuntado en un comunicado que “en Italia, la UE ha permitido llegar a los 22 mm., pero para las cofradías de pescadores de Huelva no sería necesario bajarlo tanto”. El sector de la chirla afecta a casi un centenar de barcos y casi 300 familias y pueden pasar casi ocho meses sin salir a faenar y sin recibir ayudas, por lo que “pedimos que de ese periodo, al menos tres meses se permita bajar el tamaño de las capturas para que lo barcos onubenses puedan faenar en el Golfo de Cádiz”.

Junto a ello, C´s reclamará que el servicio de plagas “que tan magnífico trabajo realiza frente a las plagas de mosquitos, intervenga también en la lucha contra la procesionaria del pino que afecta a gran parte de la provincia de Huelva”. De esta forma lo ha explicado el portavoz de la formación naranja, Ruperto Gallardo, quien ha recordado que “el año pasado algunos ayuntamientos, como Ayamonte, Punta Umbria, Cartaya o Hinojos, se quejaron de que esta plaga afectó incluso a seres humanos y animales de compañía, a los que en algunos casos llego a producir la muerte”.

Por último, el diputado de Ciudadanos presentará una moción, que se aprobó y se está aplicando en el Ayuntamiento de Huelva, destinada a “recaudar el 1,5% de la recaudación de las empresas eléctricas en concepto de uso del suelo entre los municipios, tal y como les corresponde por ley”. Al respecto el portavoz de la formación naranja ha reclamado que “la Diputación, a través de sus servicios jurídicos desde su servicio jurídico explique a los municipios de la provincia los pasos a seguir para poder hacer efectiva esta tasa” y ha destacado que “las últimas sentencias del Supremo han legitimado las ordenanzas fiscales de varios ayuntamiento”. El diputado ha concluido que “no se trata de gravar el suelo rústico, sino la utilidad que reporta a las empresas la utilización del suelo”.