El PP pide al alcalde de Rociana que reabra las urgencias médicas que dependen del Ayuntamiento
El Partido Popular de Rociana, a través de su portavoz en Consistorio Paco Pérez, ha exigido al alcalde que reabra las urgencias médicas que dependen exclusivamente del Consistorio y llevan cerradas desde febrero de este año.
En este sentido, ha señalado que, a causa de una denuncia de la guardia civil por unos hechos acaecidos en el consultorio local, se tuvo que proceder el cierre del servicio de urgencia “sin que el Ayuntamiento de Rociana haya propuesto un lugar alternativo para poder reanudar el servicio".
“Es inadmisible que el Equipo de Gobierno socialista tenga cerrado desde hace ocho meses el servicio de urgencias de Rociana, que dependía exclusivamente del consistorio, mientras los ciudadanos se tienen que desplazar a otro municipio ante cualquier urgencia médica”.
El Popular ha explicado que “desde el primer momento” se han puesto a disposición para darle una solución al cierre de las urgencias proponiendo lugares alternativos y mantenido numerosas reuniones con el objetivo de agilizar trámites y no demorar la reapertura del servicio.
En este sentido, el Pérez ha señalado la “incapacidad” del PSOE de Rociana para gestionar un servicio tras descubrirse en los informes de la secretaría las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Rociana en cuanto a los procedimientos para la contratación de la empresa adjudicataria (no ha salido a licitación a pesar de que la ley así lo estipula y tampoco pueden contratarse por más de 5 años y, sin embargo, se vienen prorrogando contratos desde 2009).
“Es de máxima necesidad que el Ayuntamiento encargado de la gestión de las urgencias proponga un lugar alternativo y se reabran las urgencias para que los rocianeros y rocianeras no vean disminuida su cobertura médica por culpa del Equipo de Gobierno”.
Así, desde el Partido Popular de Rociana han asegurado que “vamos a seguir reclamando al PSOE que reponga la oferta de este servicio de urgencias de manera inmediata y con las garantías propias que debe exigirse para mejorar el bienestar de los ciudadanos”.
