El 'subidón' de la luz dispara en Huelva el riesgo de incendios nocturnos en hogares vulnerables
La polémica nueva tarifa electrica es, además de un problema para los bolsillos de los consumidores, un peligro para la seguridad de las personas. Así lo advierte un reciente informe elaborado por la Asociación de Técnicos de Bomberos (APTB) y la Fundación Mafre según el cual una tarificación que incentiva el uso de aparatos eléctricos durante los tramos sin vigilancia, unida a instalaciones antiguas o en mal estado, pueden aumentar el riesgo de incendios en las viviendas durante las horas de descanso. Y, lamentablemente, en Huelva hay más de una instalación que reúne estas características precarias.
Lavavajillas, lavadoras y otros aparatos puestos a funcionar (para ahorrar) en horas de sueño pueden causar graves incendios en los domicilios. Son horas en las que se baja la guardia y si hay un cortocircuito con los electrodomésticos puestos y las familias duermen el susto, en el mejor de los casos, o la tragedia pueden estar asegurados. En invierno, el riesgo se reducía a braseros y estufas mientras que ahora se extiende a otros útiles del hogar.
De nuevo, quienes están más expuestos a este tipo de siniestros son quienes ya sufren previamente la conocida como pobreza energética, un tipo de vulnerabilidad según la cual las familias son incapaces de satisfacer el coste mínimo de la factura eléctrica del hogar. Esta situación se agudiza en momentos en los cuales se dispara el consumo, por ejemplo ante olas de calor o de frío, así como en aquellas viviendas que están compuestas por personas de la tercera edad, enfermas o niños.
En Huelva, más de 300 familias se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad energética según los datos del Boletín sobre la Vulnerabilidad Social nº 17 de Cruz Roja. Según este informe, en torno a un 60% de los hogares tienen que elegir entre pagar gastos básicos como la alimentación y calentar o enfriar la vivienda.
El 77% de estas personas reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 37% afirma que 'pasa frío en su hogar' durante el invierno. Por ello, Cruz Roja mantiene abiertos varios programas de trabajo, enmarcados tanto en el Área de Intervención Social, dentro del programa de Extrema Vulnerabilidad como en el Área de Medio Ambiente, con el proyecto ‘Moviéndonos por el ahorro doméstico’.
La institución humanitaria en la provincia realizó en el último año una amplia labor contra la pobreza energética con la entrega de ayudas económicas para el pago de recibos de agua, luz o gas a más de 140 familias (111 luz y 29 agua), al tiempo que mediaba con las empresas energéticas, principalmente Endesa y Aguas de Huelva, para evitar el corte de suministro a 85 familias.
La raíz del problema
La nueva normativa energética, ideada según el Ministerio para la Transición Ecológica, para lograr consumos “más eficientes” e incentivar el despliegue del autoconsumo y el coche eléctrico, está acrecentando más si cabe la brecha entre aquellas familias que se encuentran al límite de sus posibilidades económicas. "La factura de la luz resulta hoy imposible para miles de personas, más en un contexto de paro masivo, protección social que no llega y miseria creciente", explican desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Además advierten que "son muchos los barrios obreros que cuentan con infraestructuras eléctricas abandonadas y bajo un mantenimiento a base de 'parches'".
Ante esta situación y el posible aumento de los incendios domésticos nocturnos, la Asociación Española de Protección contra Incendios (TECNIFUEGO) advierte de la necesidad de incrementar la protección y prevención a través de la instalación de detectores de humo, tal y como ya recoge la legislación en muchos países del entorno.
Según la Asociación antiincendios se trata de un sistema accesible, fácil de instalar, económico y eficaz capaz de dar alerta a los bomberos en caso necesario". Sin embargo, esta solución, aunque efectiva a la hora de controlar determinadas situaciones, no parece convencer a otros agentes que abogan por abordar la raíz del problema.
La APDHA considera que es necesario aplicar, de manera urgente, políticas que garanticen el suministro, especialmente para aquellas familias con mayores dificultades evitando así que tengan que utilizar los electrodomésticos a horas no vigiladas; la bajada inmediata de los impuestos que gravan la luz y su progresividad y, por último, la nacionalización de la producción de la energía, un punto que consideran clave a la hora de acabar con los "abusos de las eléctricas privadas" donde sea posible llevar a cabo una transición hacia un modelo racional y respetuoso con las personas y el medio ambiente.
En esta misma línea, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) expone soluciones que van más allá del corto plazo.
En el Tercer Estudio sobre Pobreza Energética, la ACA advierte que es necesario un impulso hacia la rehabilitación energética de los edificios más ineficientes desde el punto de vista energético, especialmente aquellos con más años de antigüedad. Para la ACA, además, es de vital importancia una reforma de las políticas de financiación de eficiencia energética que beneficie, de forma prioritaria, a hogares con mayores dificultades.
En esta misma línea legislativa, la ACA advierte de que es igualmente importante actuar en el ámbito de los cortes de suministros, ampliando los bonos sociales y las ayudas económicas para las familias.
La puesta en marcha de electrodomésticos a horas viables para muchas familias es también un peligro para su integridad física.
Las soluciones a corto plazo como la instalación de detectores de humo o extintores son muy útiles en situaciones puntuales pero están lejos de solucionar el problema que subyace: una infraregulación que perpetúa la pobreza energética de las familias y continúa sosteniendo los beneficios millonarios de las grandes electricas. La pobreza energética continúa pues ganando terreno y ya amenaza con extenderse en esta nueva etapa postpandemia.
