viernes. 29.03.2024
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ONG calculan que hay más de 3.500 personas malviviendo en 28 asentamientos

Consideran importante la denuncia del relator de la ONU para dar visibilidad al problema y piden voluntad política para erradicarlo
ONG calculan que hay más de 3.500 personas malviviendo en 28 asentamientos

El relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, sembró polvareda cuando dijo hace unos días estar "pasmado" por la situación de los recolectores de fresa en Huelva, que viven "como animales" y "peor que en los campos de refugiados" mientras grandes empresas "ganan millones de euros". Las reacciones no se hicieron esperar. Los políticos señalaron a los de signo contrario, los ayuntamientos pidieron ayuda a las demás administraciones, los empresarios vinieron a decir que es un problema de toda la sociedad onubense, la Diputación se mostró dispuesta a ayudar aunque insistió que no es su competencia e instó a la Junta de Andalucía a actuar, quien finalmente se ha comprometido a elaborar una estrategia. Nada nuevo bajo el sol. Como novedad, el Gobierno va a permitir que la Inspección de Trabajo pueda intervenir en estos asentamientos, cosa por ahora prohibida por la ley.

Mientras, ONG calculan que hay más de 3.500 personas malviviendo en los 28 asentamientos distribuidos en Lepe, en Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto. En construcciones con palés, plásticos y cartones, sin luz ni agua corriente, en las que se producen frecuentes incendios, en uno de los cuales murió un joven marroquí en diciembre.

Francisco Villa, responsable provincial de Accem, ONG de ámbito nacional que interviene en los campamentos de inmigrantes situados en Palos de la Frontera, Lucena y Moguer, calcula que hay unas 1.000 personas en los diez asentamientos (3 en Lucena, uno en Palos y 6 en Moguer) en la temporada alta de campaña agrícola. "Antes los campamentos se quedaban vacíos cuando finalizaba la campaña, pero como se está recolectando más tipos de frutos rojos (de la fresa se ha pasado a cultivar también frambuesas, arándanos y moras), cada vez permanecen más tiempo", explica Villa.

El análisis de Philip Alston es algo que las asociaciones "hemos manifestado antes al Defensor del Pueblo", señala Villa, que lo considera una llamada de atención y espera que se tomen medidas. "Será necesaria la maquinaria de todas las administraciones para buscar soluciones", señala.

El perfil de las personas que malviven en estos asentamientos es muy variado y variable. Los hay que no tienen ningún tipo de documentación y otros que cuentan con permiso de residencia y de trabajo, el 50% aproximadamente, calcula Villa. En estos últimos casos, la asociación hace de intermediaria laboral entre los empresarios y los trabajadores intentando que en el contrato vaya incluida la vivienda.

La asociación dispone de un centro, Cedies (Centro de Día de Emergencia Social), financiado por el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social y con subvención del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, en el que se ofrecen servicios básicos de ducha, ropero, lavandería o reparto de alimentos. Además, se dan clases de castellano, se proporciona atención social y jurídica y se facilita el acceso gratuito a internet. El centro atiende a unas 150 personas al día. "Ahora -señala Francisco Villa- están demandando actividades de ocio para mantener la cabeza ocupada porque estamos en un momento de espera, la campaña no acaba de arrancar y están moviéndose de unas zonas a otras".

Para el responsable provincial de Accem, "este año la situación está siendo más llevadera por lo benévolo del clima. Con el frío hay más hogueras y más riesgo de incendios", como el que acabó con la vida a mediados de diciembre de un joven inmigrante marroquí en el asentamiento de Palos.

"El problema de los asentamientos tiene solución. Si se quiere, se erradica"

Lepe es el otro gran núcleo de asentamientos chabolistas de la provincia. Allí se concentran más de 2.500 personas en 18 asentamientos durante la campaña fresera, según Marius Assoua, presidente de Fecons (Fundación Europea para la cooperación Norte-Sur), que trabaja con inmigrantes y personas en riesgo de exclusión de Lepe.

Assua señala que el relator de las Naciones Unidas "ha dicho lo que hay, algo que nosotros ya sabíamos. Aunque ahora toda presión viene bien". Para Assoua, "el problema de los asentamientos tiene solución. Hace falta voluntad. Si se quiere, se erradica". Y pone como ejemplo a Cartaya, donde se ha conseguido acabar con los asentamientos. Para ello, Fecons propone que los alcaldes de la comarca se unan para ser más fuertes y trabajar en conjunto con la Diputación de Huelva, Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Tres propuestas para acabar con los asentamientos

Assoua señala que los asentamientos en Lepe se acabarían si se sigue adelante con tres propuestas fruto de un estudio realizado en 2016 y financiado por la Junta para conocer la realidad de los asentamientos. La primera de ellas fue la creación de 'Lepe Hábitat', una bolsa de viviendas en alquiler en la que el Ayuntamiento concede a los propietarios de viviendas una subvención de hasta 500 euros por ponerlas en alquiler para los inmigrantes que viven en asentamientos (según el propio ayuntamiento, en la localidad hay más de 1.500 viviendas vacías).

Ante la reticencia de muchos propietarios, la fundación ha iniciado este año una campaña de fomento del alquiler en la que, durante el primer año, Fecons es la garante de que la vivienda se va a pagar, se va a cuidar y de que no van a vivir más inmigrantes de los acordados. Cuando se firma el contrato de alquiler, los inmigrantes adquieren el compromiso de no volver a los asentamientos y destruyen las chabolas. En lo que va de año, se han firmado ocho contratos y Fecons espera alcanzar los cincuenta cuando finalice 2020.

La segunda medida es el fomento de la construcción de viviendas en las propias fincas agrícolas. Assoua pone como modelo al empresario Antonio Martín, en la que todos sus trabajadores están alojados en su finca.

La tercera propuesta es la creación de un complejo habitacional, 'Villa equidad', "que serviría de puente, pagando por ello, mientras los inmigrantes encuentran vivienda". Según el presidente de Fecons, el Ayuntamiento aprobó la cesión de 2 hectáreas de terreno para construir ese complejo y recibió una subvención de 90.000 euros de la Junta "pero los terrenos están catalogados como bosque y están trabajando para cambiar su uso a urbanizable".

Fecons es una asociación que lleva trabajando con los inmigrantes de Lepe desde 2006. Estos días atienden en su centro a unos 250 inmigrantes diarios. Allí, siete personas y algunos voluntarios dan de comer, atienden las duchas y dan clases de español a los temporeros. Disponen también de un aula infantil los meses de verano para los niños de las trabajadoras. Pero lo que más les demandan sus usuarios son "viviendas en alquiler donde poder descansar".

"La palabra clave es voluntad política, que no la hay"

Pepa Suárez, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos, aunque habla a título personal como una persona que lleva muchos años bregando con la problemática de los asentamientos, considera importante la denuncia del relator de la ONU "por la visibilidad que le da a lo que es una violación de los derechos humanos". "Como los inmigrantes no votan -continúa Suárez- parece que no hay voluntad política y las soluciones que se han dado han sido siempre muy puntales".

A esta mujer le parece fundamental para poner el problema encima de la mesa que el Gobierno vaya a permitir que la Inspección de Trabajo pueda intervenir en estos asentamientos (la ley actual no lo permite salvo que el empresario lo autorice expresamente).

En una provincia con cultivo intensivo de frutos rojos, "son los empresarios y administraciones los que deben respuesta a los inmigrantes porque esas personas contribuyen a la riqueza de los empresarios y las localidades", señala Pepa Suárez, quien denuncia que los ayuntamientos "se niegan a empadronar a los inmigrantes, cuando hay una ley que les obliga, porque es una manera de reconocer oficialmente que hay asentamientos". "Las asociaciones han puesto muchas soluciones encima de la mesa y no se ha atendido ninguna. La palabra clave es voluntad política, que no la hay".