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Atalaya Riotinto y sus trabajadores responderán unidos si hay cierre de actividad minera

Atalaya Riotinto y sus trabajadores responderán unidos si hay cierre de actividad minera

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El director general de Atalaya Riotinto Minera, Enrique Delgado, ha mantenido un encuentro con los representantes de los trabajadores de la compañía para trasladarles garantías de continuidad del Proyecto Río Tinto.

El encuentro se produce a petición del Comité de Empresa (USO y UGT) a raíz de la última sentencia del Tribunal Supremo que deja sin efecto los permisos de reinicio de la actividad extractiva por la previa anulación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el TS de la Autorización Ambiental tramitada por la Junta de Andalucía.

La empresa ha enviado un mensaje de tranquilidad a la plantilla, conformada por más de 400 trabajadores directos más otros 400 indirectos (subcontratas). En esa comunicación Atalaya Riotinto Minera explica que “un tribunal haya decretado que estos permisos no son válidos por un defecto de forma, no implica el cierre inmediato de la actividad. Por tanto, la mina sigue y seguirá en funcionamiento”.

Según Atalaya, “el defecto de forma que origina el problema ocurre durante la tramitación de la AAU de 2014. Al considerarse anulable esta AAU, el Tribunal deduce que el permiso de reinicio tampoco es válido, por falta de esa AAU”. Y añade que “por estas razones la Administración ha estado trabajando en resolver la cuestión de manera que la AAU de Riotinto vuelva a tener validez”.

La empresa minera espera y confía en que la Administración andaluza “resuelva pronto la cuestión. Y en estos momentos, se tiene constancia de que esto se va a producir a corto plazo. De esta manera se subsanará definitivamente este obstáculo que, siendo de carácter meramente formal, ha venido afectando a los permisos operativos de nuestra mina de Riotinto”.

Tras el encuentro, el presidente y portavoz del Comité de Empresa, Marcos Sierra (USO), asegura que esta nueva resolución del Tribunal Supremo obliga a la Junta de Andalucía a acelerar los trámites para dar seguridad jurídica a un proyecto en el que Atalaya ha invertido ya cerca de 300 millones de euros.

Según el portavoz del Comité, la Junta de Andalucía ha comunicado a la empresa que la nueva Autorización Ambiental Unificada estaría resuelta en unas tres semanas, solventando así las carencias administrativas actuales.

Marcos Sierra reconoce que la sentencia ha creado inquietud en la plantilla y las empresas que operan en la mina y avisa que “los trabajadores respaldaremos a Atalaya Riotinto Minera si no llega una pronta solución a la situación jurídica creada con la cadena de fallos judiciales contrarios y la minera opta por reclamar sus derechos en los tribunales” después de poner en marcha este proyecto con una inversión cercana a los 300 millones de euros y generar casi mil empleos en la comarca.

Atalaya Riotinto y sus trabajadores responderán unidos si hay cierre de actividad minera

El portavoz del comité pide, en este caso a la parte denunciante, Ecologistas, que “deje de jugar con el futuro de muchas familias”. Y subraya que en estos momentos, las presas mineras ofrecen mayores garantías de estabilidad que antes de la llegada de Atalaya. Porque, dice, “las mejoras abordadas por la compañía: el recrecido y el refuerzo de escolleras y otros sistemas de seguridad implementados, anulan los riesgos de vertido y fugas a los cauces”.

Asociación de Empresas Mineras

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha apoyado también a Atalaya Mining y, al igual que se hace desde el Comité de Empresa, urge a la Administración a que convalide cuanto antes la Autorización Ambiental Unificada del Proyecto Riotinto en la provincia de Huelva y “resuelva así una situación que obedece exclusivamente a un error en la tramitación administrativa”.

En un comunicado, Aminer ha dejado claro, en palabras de su gerente, Priscila Moreno, que “la situación no es culpa de la empresa, que está haciéndolo todo de manera excelente y siguiendo lo que se indicaba en los permisos”.

Según han indicado, la situación tiene su origen en “un defecto de forma de la autorización ambiental unificada del año 2014“.

Aminer insiste en la importancia de solventar de manera inmediata la situación dada la inquietud que está generando entre “las miles de familias cuyo medio de vida a día de hoy depende de la actividad minera en Riotinto” y “por supuesto a los accionistas de Atalaya, y otras empresas mineras e industriales que ven cómo se ponen en riesgo sus inversiones por cuestiones meramente formales”.

Priscila Moreno ha hecho hincapié en la inseguridad jurídica que se proyecta,  ya que está creando gran confusión entre los inversores internacionales que miran a Andalucía como destino, máxime después de la celebración del Salón Internacional de la Minería.

El proceso de la mina de Riotinto está siendo seguido con lupa desde Aminer, una patronal que reúne a 25 miembros que representan a la mayoría de las entidades relacionadas con la minería metálica en Andalucía: Cobre Las Cruces, Minas de Aguas Teñidas, Atalaya Riotinto, Minera Los Frailes, Minas de Alquife, Tharsis Mining & Metallurgy, Insersa, Ayesa, Maxam, Exploraciones Mineras del Andévalo, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, AGQ Mining, Minesur, San Martín Contratistas, Sandvik, Subterra Ingeniería, Codisevand, ERM, IDOM, Iturri, Urva Fluidos Industriales, Ayma Mining, Torsa, IPH y Mecwide.