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Denuncian a otras cuatro familias de El Calabacino por la construcción ilegal de viviendas
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Denuncian a otras cuatro familias de El Calabacino por la construcción ilegal de viviendas

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El próximo juicio será el 13 de febrero y los vecinos confían en que se alcance un acuerdo similar a los tres casos anteriores y se aplace cinco años el derribo de la vivienda

La construcción de viviendas en El Calabacino (Alájar) vuelve a estar en el punto de mira y otras cuatro familias de esta aldea han sido denunciadas por autoconstrucciones sin licencia. Estas denuncias son fruto del trabajo de la unidad de la Policía Autonómica en Huelva en materia de ordenación del territorio y son el primer paso de un proceso al que ya se han enfrentado otras familias de El Calabacino. En total, son 25 las viviendas afectadas por el incumplimiento de la normativa medioambiental en esta aldea y son tres los casos que han llegado hasta el juez hasta la fecha. En todos ellos se ha acordado el aplazamiento de la demolición de las casas durante un período de cinco años, previo pago de una multa por parte de los propietarios, y los afectados confían en que en este período se regularice su situación. El próximo juicio será el 13 de febrero, y la Asociación de Vecinos ‘Raíces del Calabacino’ espera que se alcance un nuevo acuerdo similar a los anteriores que permita a la familia en cuestión continuar habitando su vivienda.

De acuerdo con el balance de actuaciones de la Policía Autonómica en materia medioambiental, al que ha tenido acceso diariodehuelva.es, 2018 se ha saldado en Huelva con cuatro denuncias por autoconstrucciones sin licencia en la aldea de El Calabacino, una cifra que se suma a todas las denuncias registradas desde que se pusiera sobre la mesa la problemática ante la inexistencia de una figura en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que regule la situación de estas viviendas.

Para la Asociación de Vecinos ‘Raíces del Calabacino’, “la solución a esta problemática es que el suelo de la aldea se declare hábitat rural diseminado, una figura real que permite la ecoaldea”, según ha explicado su portavoz, Cecilia Rodríguez. De hecho, este cambio en el PGOU ya se ha planteado en reiteradas ocasiones y está en manos de las diferentes administraciones, aunque, hasta la fecha, no se ha dado una solución definitiva a la problemática de los vecinos. Ahora, con el nuevo cambio de gobierno en Andalucía, los afectados se encuentran con un “plus a su incertidumbre”, ya que no saben “cómo afectará este cambio a su situación y si las autoridades competentes llevarán a la práctica el cambio en el PGOU”.

Por el momento, otra familia se enfrentará el próximo 13 de febrero al juicio por la construcción ilegal de su vivienda, una familia con una hija de 19 años y que lleva cerca de 20 años viviendo en El Calabacino, de acuerdo con los datos facilitados por el colectivo. Tras este caso, otro juicio está fijado para principios de marzo, y sumarían ya cinco, junto con los tres casos llevados hasta ahora ante el juez.

Son unos 40 los años que diferentes familias viven en El Calabacino, y fue en 1980 cuando nació el primer niño en la aldea. En todo este tiempo, se han edificado 44 viviendas, y, de estas, unas 25 tienen expediente abierto por no recogerse su construcción en el PGOU. Ante esta situación, los vecinos están dispuestos a negociar: “No nos importa aceptar otra propuesta o admitir multas, pero no permitiremos el derribo de nuestras viviendas, porque una vez se nos permitió construir, y nuestro caso no es como el de un campo de golf, no somos especuladores”.

De momento, los casos que han llegado a los tribunales han tenido un resultado acorde con las demandas de los vecinos. En todos ellos, se ha llegado a un acuerdo previo al juicio, y el juez ha aplazado cinco años la demolición de las viviendas, un período de tiempo para que se modifique la legislación vigente y la localidad matriz de Alájar pueda contemplar El Calabacino como aldea dentro del PGOU. Sin embargo, las familias sí fueron condenadas a una pena de prisión de 18 meses -que no se hará efectiva al ser inferior a los dos años y no contar con antecedentes- y al pago de multas por construcción ilegal en la aldea.