La batalla política en torno al Recreativo se recrudece tras la retirada de Zephir
La batalla política en torno al Recreativo de Huelva se recrudece. Y no sólo porque los distintos grupos comienzan a mirar a las próximas elecciones municipales. La renuncia de Zephir Homes a culminar la compra del 90% de las acciones del club ha dado el pistoletazo de salida a una carrera de acusaciones, críticas y recriminaciones con el Decano de fondo.
De momento, los cañones del PSOE han centrado su fuego dialéctico sobre el grupo inversor liderado por Paco Mendoza, al que el alcalde Gabriel Cruz ha acusado de no tener "ni capacidad ni dinero para afrontar la situación en la que se encuentra el Recre", además de asegurar que "hemos entregado toda la documentación. Todo lo demás son excusas", agrega.
Un razonamiento que no convence en el Partido Popular, que, curiosamente, ha cambiado de estrategia respecto al Recreativo, desde la irrupción de Zephir. La candidata popular a la alcaldía de Huelva, Pilar Marín, critica ahora al Equipo de Gobierno por su "falta transparencia" y "no descarta exigir responsabilidades" al alcalde y sus colaboradores más cercanos.
Para la formación de derechas "hay muchas sombras en todo este proceso, a la luz de las graves acusaciones vertidas por la empresa (Zephir Homes), y a las que el alcalde no da respuesta. El Equipo de Gobierno no ha sido leal con la oposición en todo este proceso", insisten, puesto que "se ha ocultado mucha información y el alcalde tendrá que decir por qué motivo lo ha hecho".
Desde IU, Mónica Rossi denuncia "la pésima gestión y la ineptitud que ha demostrado Gabriel Cruz, desde que el Ayuntamiento es el dueño del Recreativo". La portavoz izquierdista exige al alcalde que “deje de manosear al club y de usarlo con fines políticos y electoralistas, mientras su desastrosa gestión para venderlo pone en peligro evidente la supervivencia del Decano".
Más contundente se muestra Participa Huelva, que a través de Jesús Amador, exige "la dimisión inmediata de Gabriel Cruz, por las interminables irregularidades que se vienen advirtiendo en el tristemente conocido como 'caso Recre'", que definen como "una zafia utilización de los recursos públicos con objeto de asegurarse el respaldo electoral del recreativismo".
