El CGPJ estrecha el camino judicial a los casos de bebés robados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deja poco margen de acción a los casos de bebés robados en Huelva. La presidenta de la Asociación Onubense de SOS Bebés Robados, Esperanza Ornedo, ha mantenido el pasado 18 de octubre una reunión con el presidente del ente judicial, Carlos Lesmes, después de que este celebrara una reunión durante el mes de septiembre con diversas asociaciones de bebés robados de toda España y en la que Huelva y Cádiz quedaron excluidas de la misma.

Esperanza Ornedo solicitó así una reunión al presidente del CGPJ a posteriori, al no haber sido invitada a la primera. La reunión le fue concedida pero de ella ha extraído pocas conclusiones nuevas más allá de los caminos cerrados de antaño.

Y es que la situación de la investigación judicial para los bebés robados de Huelva es probablemente la más complicada de España al dictar la Audiencia Provincial de Huelva (en Noviembre de 2012) que "las acciones penales de que se podría hacer uso están completamente prescritas”.  Y es que tras la Cumbre de Magistrados celebrada en Huelva, en una convocatoria para unificar criterios en torno a las decenas de denuncias que pululaban en los juzgados sobre los casos de bebés robados, la Audiencia Provincial en Pleno daba un varapalo a las investigaciones en curso y a las esperanzas de cientos de familias.

En la reunión celebrada entre Lesmes y Ornedo, el también presidente del Supremo, dejaba como opción más viable para el futuro la de acudir al tribunal que dirige, eso sí, con el riesgo que conlleva. Ornedo explica en declaraciones a diariodehuelva.es que el Supremo "es un arma de doble filo" ya que este sí unificaría criterios para toda España en su resolución y de dictar una sentencia en contra de sus intereses se cerrarían los casos en toda España.

Por ello, desde SOS Bebés Robados prefieren esperar a que, en aquellas provincias donde se mantienen abiertas las puertas de la investigación, se juzgue alguno de los casos, para tener más claras las opciones de éxito.

Ornedo explicó al magistrado que con la decisión tomada en Huelva se cerraron más de un centenar de casos en los juzgados y "desde entonces venimos dando palos de ciego", a lo que Lesmes respondió que como presidente del CGPJ no podía dar órdenes a los magistrados en otro sentido y que una vez dictada sentencia la opción más normal era la de recurrir a las instancias superiores.

Lesmes también trasladó a Ornedo la idea de que en muchos casos "nada se puede hacer ya que han pasado muchos años y no quedan pruebas ni testigos de muchas de estas", algo con lo que Ornedo no está de acuerdo ya que en Huelva hay muchos casos con "falsedad documental y testigos a los que sí se puede investigar" además de hacer alusión a "casos mucho más recientes" en los que la investigación sería mucho más factible.

En cualquier caso, Esperanza Ornedo ha lamentado que la justicia sea diferente en función del territorio y la interpretación de cada juez, y que en los casos en los que sí están abiertos como en Madrid, se estén dando citas para juzgarlos con hasta dos años de retraso, lo que sí da pie a que muchas de las víctimas, implicados o posibles testigos "fallezcan antes de aportar su testimonio en sede judicial".

Para Ornedo, "es difícil que creamos ya en la justicia, ya que los responsables se encargaron intencionadamente de destruir las pruebas y ahora hay que acogerse a la prescripción" y en los casos en los que sí ha habido pruebas concluyentes, "no les ha dado la gana de mirarlo".